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Tres nuevos parques fotovoltaicos para impulsar la agricultura de Utrera y otras zonas del Bajo Guadalquivir

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) ha firmado un convenio con la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir por valor de 1.484.000 euros.

El proyecto que afectará a Utrera, entre otras localidades de la provincia, tiene como objetivo disminuir la dependencia energética mediante la autoproducción de energía fotovoltaica en la zona regable del Bajo Guadalquivir.

En total, este proyecto abastecerá a 41.264 hectáreas que corresponden a 3.315 regantes. Así, se van a construir tres instalaciones fotovoltaicas asociadas a los bombeos, se va a instalar sistemas de telecontrol del riesgo e incorporar medidas de recuperación y seguimiento ambiental como la instalación de cajas nido para la avifauna de la zona y siembra de herbáceas.

Así, con la construcción de los parques fotovoltaicos se reducirá el coste energético de los agricultores, fomentando el autoconsumo y el consumo de energías verdes, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y ayudando a mitigar los efectos del cambio climático.

José María Villalobos ha puesto en valor “la actuación municipal para que este convenio beneficiase a nuestros agricultores, desde el principio hemos dado nuestro apoyo a la comunidad de regantes y hemos realizado las gestiones necesarias para el proyecto saliera adelante”. Así, el regidor utrerano ha declarado que “gracias a esta actuación, toda la zona que afecta a nuestro municipio será mucho más productiva y eficiente ya que se podrá producir más a un costo menor”.

Villalobos no ha dejado pasar la oportunidad de poner en valor el “importante componente ecológico de esta inversión, ya que estamos hablando de producción de energía solar y control del riego para usar solo el agua necesaria”.

Las obras se realizarán con fondos Next Generation de la Unión Europea y su carácter público-privado supone que la aportación pública será de un máximo del 80% del coste de los gastos elegibles, mientras que la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir.

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