Este pasado jueves se dio a conocer el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, que desestima el recurso de apelación y dicta el sobreseimiento y archivo de la causa abierta tras la denuncia de los concejales de JuntosxUtrera y Ciudadanos, Francisco Jiménez e Isabel González, respectivamente, contra el entonces alcalde de Utrera por las presuntas irregularidades en el procedimiento de la compra de los locales de los cines del centro comercial Los Molinos.
Para el PP de Utrera, la reforma del código penal para el delito de malversación, “hecha por Pedro Sánchez a medida de los independentistas catalanes y algunos socialistas implicados en diversas causas, ha sido la clave para que el exalcalde de Utrera, José María Villalobos, no rinda cuentas ante la justicia”.
Según explican los populares, “por esta operación, el Ayuntamiento de Utrera llegó a pagar 230.000 euros más, a un empresario de la localidad que había comprado los inmuebles poco más de un mes antes y que ejerció de intermediario, obteniendo un enriquecimiento desmedido por la transacción”
Francisco Jiménez, alcalde de Utrera, ha señalado que “evidentemente acatamos las decisiones y sentencias judiciales pero, lamentamos que haya sido la decisión política y el oportunismo de Pedro Sánchez con la modificación y rebaja del delito de malversación, lo que haya beneficiado al exalcalde de Utrera”.
Jiménez insiste en que “le guste o no, Villalobos no podrá decir que haya quedado demostrado que no hizo un mal uso del dinero de los utreranos, porque lo que que ha quedado realmente patente es que si la peor política del PSOE, junto con algunas cuestiones a lo largo del procedimiento, no salen al rescate del exalcalde, el resultado hoy sería muy diferente”.
El auto de la Audiencia Provincial no esconde que se hayan dado situaciones un tanto irregulares a lo largo del procedimiento.
Así, señala que a la comparecencia celebrada ante el juzgado número uno de Utrera con fecha 2 de octubre no asistieron los denunciados, decisión que según la Audiencia “no podemos compartir los argumentos esgrimidos por la juez de instancia al entender que al encontrarse correctamente citados ambos investigados a través de su representación procesal, no resultaba necesaria su presencia en este acto, cuyo objeto era precisamente darles traslado de la imputación”.Dada esta situación, ”se albergan serias dudas sobre la validez de dicha comparecencia por los motivos expresados, si bien razones de lógica y economía procesal no aconsejan entrar a abordar el fondo del recurso sobre la existencia de indicios o no del delito de malversación de caudales públicos, a fin de no obligar a retrotraer actuaciones y reiterar un trámite que nos devolvería a la casilla de salida, pero con incierto pronóstico de resultado”.
Según el PP utrerano, “podría parecer que Villalobos ha sido afortunado en la manera en la que en algunos momentos se ha llevado el procedimiento. A lo largo de las 13 páginas que conforman el auto de la Audiencia de Sevilla se reflejan otra serie de circunstancias que reflejan situaciones un tanto “peculiares”, como el hecho de que no se presentara en ningún momento un representante de la empresa Canvives, que estaba citado por la juez y que nunca compareció a declarar ante la juez tal y como correspondía por la citación que se le había cursado”.
Por último, Francisco Jiménez ha señalado que “se usarán los mecanismos disponibles para poner en conocimiento de la Comisión Europa este asunto, que se suma a otros que evidencian las repercusiones que los cambios en el código penal por intereses partidistas están teniendo en todos los ámbitos de la política en nuestro país”.
