El pasado 2 de octubre se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el anuncio por el que se hacía pública la decisión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Utrera, celebrada el 12 de junio de 2014, por la que se adoptaba el acuerdo «Modificación de algunas de las zonas y plazas de aparcamiento contempladas en la ampliación de la zona azul».
A partir de ese día, y durante el plazo de treinta días (hasta el 31 de octubre) los ciudadanos pueden formular ante el Ayuntamiento de Utrera reclamaciones o sugerencias sobre la polémica decisión de ampliación de la zona regulada de aparcamientos.
Hay que recordar que esta nueva ampliación se llevó a cabo con el rechazo del alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, de las 600 alegaciones de vecinos y afectados de Utrera, recogidas y presentadas por el PSOE; igualmente el gobierno municipal votó en contra de la moción contraria a la ampliación presentada de manera conjunta por todos los partidos de la oposición (PSOE, IU y UPyD).
Desde el primer momento los socialistas se han mostrado contrarios a la esta ampliación, la segunda en menos de cuatro años, del espacio regulado y rotatorio de aparcamientos de pago en Utrera. El espíritu de la zona azul es promover la rotación de vehículos en zonas comerciales y de alta afluencia ciudadana. Las zonas ampliadas no responden en ningún caso a estas características, siendo zonas de carácter residencial. Por tanto “la ampliación supone un claro perjuicio de los residentes en las mismas”.
Las calles en las que se propone la ampliación, especialmente en Molares, La Corredera y Vía Marciala “el uso de la actual zona azul es muy escaso, no justificándose en ningún momento la ampliación salvo por los intereses de la empresa concesionaria”. En palabras de los socialistas, “la implantación de la zona azul ha conllevado la saturación de aparcamientos en las zonas aledañas, con lo que la ampliación propuesta conllevará un empeoramiento de la situación de las zonas colindantes a la zona azul”.
La ampliación propuesta, unida a la que ya se aprobó en 2010, fuerzan indirectamente a los residentes de una gran zona de Utrera que no dispongan de cochera a solicitar la tarjeta de residente, convirtiéndose de facto en “un nuevo impuesto claramente discriminatorio al aplicarse sólo y exclusivamente en función del lugar de residencia”.
El PSOE ha vuelto a recalcar que “la única que se beneficia con esta ampliación es la empresa concesionaria, cuyos intereses está defendiendo el alcalde Francisco Jiménez en vez de los de todos los utreranos”.
