El PSOE de Utrera ha recogido y presentado en el Ayuntamiento de Utrera 618 alegaciones de ciudadanos de Utrera contra la ampliación de la zona azul, una vez acabado el plazo de presentación de alegaciones contra esta medida tomada por el equipo de gobierno PA-PP.
Los socialistas se han mostrado contrarios a la segunda ampliación en menos de cuatro años del espacio regulado y rotatorio de aparcamientos de pago en Utrera. El espíritu de la zona azul es promover la rotación de vehículos en zonas comerciales y de alta afluencia ciudadana. Las zonas ampliadas no responden en ningún caso a estas características, siendo zonas de carácter residencial. Por tanto la ampliación supone un claro perjuicio de los residentes en las mismas, según los socialistas.
Las calles en las que se propone la ampliación, especialmente en Molares, La Corredera y Vía Marciala el uso de la actual zona azul es muy escaso, “no justificándose en ningún momento la ampliación salvo por los intereses de la empresa concesionaria.” La implantación de la zona azul ha conllevado la saturación de aparcamientos en las zonas aledañas, con lo que la ampliación propuesta conllevará un empeoramiento de la situación de las zonas colindantes a la zona azul. También supone un claro perjuicio para todos los vecinos de Utrera, a los que se limita el libre aparcamiento de vehículos en zonas que no son comerciales ni responden a las características socio-económicas de las zonas de aparcamientos rotatorios
La ampliación propuesta, unida a la que ya se aprobó en 2010, fuerzan indirectamente a los residentes de una gran zona de Utrera que no dispongan de cochera a solicitar la tarjeta de residente, convirtiéndose de facto en un nuevo impuesto claramente discriminatorio al aplicarse sólo y exclusivamente en función del lugar de residencia.
El PSOE ha vuelto a recalcar que “la única que se beneficia con esta ampliación es la empresa concesionaria, cuyos intereses está defendiendo el alcalde Francisco Jiménez en vez de los de todos los utreranos.” Los socialistas esperan que “el gobierno municipal tenga en cuenta las opiniones los ciudadanos y dé marcha atrás en la polémica decisión.”
