El PSOE de Utrera ha lanzado un comunicado mediante el cual denuncia que el alcalde, Francisco Jiménez, ha tenido que firmar finalmente la incoación de un procedimiento urbanístico contra su propia delegada de Urbanismo, María Luisa Reina Rodríguez, por la ejecución de obras sin licencia. La actuación, según los socialistas, “llega tarde y forzada, después de que los técnicos municipales anulasen la declaración responsable presentada por el entorno de la delegada para intentar legalizar dichas obras, al considerar que contenía omisiones y falsedades esenciales”.
Además, el PSOE denuncia que “Francisco Jiménez se ha visto forzado a reconocer oficialmente lo que durante años evitó afrontar: la apertura de un procedimiento de protección de la legalidad urbanística contra su delegada de Urbanismo, María Luisa Reina Rodríguez, por obras ejecutadas sin licencia en un inmueble de su propiedad”.
“Inexactitudes, falsedades y omisiones”
Según informa el PSOE, este expediente, firmado por el propio alcalde el 8 de mayo de 2025, llega tras años de inacción deliberada por parte del gobierno local, y solo después de que se declarase ineficaz la declaración responsable presentada en 2024 para legalizar las obras ya ejecutadas. Esa declaración, tramitada por el entorno de la delegada, ha sido anulada por los técnicos municipales al detectarse “inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial”, tal y como recoge literalmente el decreto.
La maniobra es evidente para los socialistas: “Primero se intentó legalizar por la puerta de atrás lo que no se podía justificar, y cuando eso fracasó, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que activar el procedimiento legal que había evitado durante años. El decreto firmado por Francisco Jiménez incluye de nuevo a la delegada como persona afectada por el procedimiento, tras haber sido misteriosamente eliminada de resoluciones anteriores, entre ellas la firmada por la también delegada Isabel María González Blanquero. Fue necesario que el escándalo estallara públicamente para que su nombre reapareciera en el expediente”.
El PSOE de Utrera aclara que “el procedimiento en curso acredita que las obras ejecutadas no contaban con título habilitante alguno, y que incluían una reforma integral, instalación de estructuras metálicas, cerramientos y modificaciones de accesos. Todo ello, realizado sin licencia y sin haberse reconocido previamente la situación de asimilado a fuera de ordenación (AFO), requisito imprescindible para intervenir legalmente en el inmueble”.
Además, los socialistas subrayan que “a día de hoy, no se ha producido la recepción formal de las viviendas ejecutadas, ni el Ayuntamiento ha reconocido en ningún documento el estado real de las obras. El decreto de incoación elude incluso mencionar si existen o no esas viviendas, en un nuevo intento de minimizar su responsabilidad”.
La doble vara de medir que critica el PSOE
El Partido Socialista Obrero Español se muestra crítico afirmando que “mientras a cualquier vecino se le sanciona por una simple obra sin permiso, la delegada de Urbanismo continúa en su cargo, sin haberse apartado, y con un expediente urbanístico activo sobre unas obras que ha ejecutado como promotora junto a su pareja. Es la doble vara de medir del PP en su máxima expresión. El gobierno municipal tenía la obligación legal de incoar el expediente de protección de la legalidad urbanística. Sin embargo, la apertura del procedimiento no se produjo hasta que fracasó el intento de legalización mediante una declaración responsable anulada por falsedades. Esta demora solo puede explicarse por la voluntad política de proteger a la delegada de Urbanismo, no por razones técnicas o jurídicas”.
Por último, El PSOE de Utrera concluye el comunicado considerando que “no hablamos —por ahora— de responsabilidades penales, pero sí de una gravísima quiebra institucional. El alcalde ha tolerado durante años una infracción conocida, ocultando la identidad de la responsable política, y solo ha actuado cuando la presión ha sido insostenible. Eso no es responsabilidad. Es cobardía”.
Los socialistas consideran insostenible la situación de la delegada de Urbanismo del PP y vuelven a pedir su dimisón o cese.
