Según comentó en la jornada de ayer a los medios de comunicación Paqui Fuentes, “La Consejería de Presidencia de la junta de Andalucía, ha anulado mediante una Orden de 13 de enero de 2014 publicada en el BOJA, la convocatoria de subvenciones para actividades de interés general que mantenía abierta anualmente desde 2002.
Con estas ayudas se pretendía, según las propias bases por las que se concedían, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y corregir las desigualdades entre los andaluces.
Esta decisión repercutirá directamente, según Fuentes, “en las familias e instituciones sin ánimo de lucro, puesto que entre los beneficiarios de estas ayudas predominan asociaciones en defensa de enfermos de diversas patologías, colectivos de discapacitados, centros de la tercera edad, peñas flamencas, asociaciones de comerciantes y numerosas hermandades religiosas”.
Por todo ello, según la moción que se presentará en el próximo pleno, el Grupo Popular propone para su aprobación:
Mostrar el rechazo de esta corporación a la eliminación de las ayudas previstas en dicha Orden, por suponer un nuevo recorte del Gobierno Andaluz a las familias, repercutiendo directamente sobre el interés general y la calidad de vida de los andaluces, en un momento de gran necesidad.
Dar cuenta de estos acuerdos a las Consejerías de Presidencia y de Administración Local de la Junta de Andalucía, así como a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Por otro lado, Paqui Fuentes presentará al próximo pleno una moción para pedir la aprobación de la Ley de Inclusión Social y el derecho a la renta básica.
Según recoge dicha moción “en Andalucía se hacen más necesarios que nunca instrumentos para reducir los niveles de exclusión social existentes, ya que la única normativa existente es la del “Ingreso Mínimo de Solidaridad”, que es claramente insuficientes y que el Gobierno Andaluz incumple”.
Ya en 2009 se aprobó un anteproyecto que como otros “se quedó en el cajón de los incumplimientos”, según dicha moción.
Por ello el Grupo Popular de Utrera propone que se inste al Gobierno andaluz a aprobar, a la mayor brevedad posible, un proyecto de ley de inclusión social que regule, entre otros asuntos, la renta básica como derecho de todos los andaluces y unas condiciones de vida dignas, y dar cuenta de esto a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
