La “Plataforma de afectados por los impagos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y Gesalquivir”, integrada por los trabajadores y proveedores (autónomos y pequeños empresarios) de la Mancomunidad y su sociedad Gesalquivir SA, ha advertido que emprenderá acciones legales contra los alcaldes, alcaldesas y concejales miembros del Pleno de la Mancomunidad en caso de que no aprueben el expediente de liquidación definitiva de la corporación comarcal, al tiempo que tomará otras medidas firmes y contundentes si estos políticos continúan obstaculizando y retrasando intencionadamente su disolución.
En este sentido, la Plataforma interpondrá una denuncia por un presunto delito de prevaricación frente a quienes se opongan a su liquidación, al entender que se estaría adoptando una resolución administrativa para perjudicar deliberadamente los intereses de los trabajadores y proveedores, ya que se estaría utilizando a la Mancomunidad “como dique de contención” para demorar el mayor tiempo posible las ejecuciones de sentencias judiciales firmes que los Juzgados de lo Social y Contencioso-Administrativo de Sevilla y Cádiz vienen dictando contra los once Ayuntamientos mancomunados, sentencias en las que se condena a los Consistorios como responsables subsidiarios de las deudas del organismo supramunicipal.
La Plataforma, que llevará a cabo una concentración de protesta durante el Pleno (convocado el próximo martes, 22 de abril, a las 5 de la tarde, en la Sede Central de la Mancomunidad), no tolerará que los grupos políticos -PSOE, PP, IU, PA e Independientes- repitan el bochornoso espectáculo de cinismo político a base de reproches mutuos y disputas sobre la desastrosa gestión de la entidad comarcal que protagonizaron durante el plenario en el que se aprobó inicialmente su expediente de liquidación, más aún cuando el gran escollo que suponía el coste del sellado del vertedero de Lebrija y de la Planta de reciclaje de Utrera ya se ha solucionado mediante un acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, tal y como ha declarado la propia presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández.
La Plataforma no contempla otro escenario que no sea el de la aprobación definitiva del expediente de liquidación, de manera que no se permitirá a los políticos, especialmente a los alcaldes y alcaldesas de los pueblos mancomunados, que sigan dilatando su responsabilidad ante el maltrato y el abandono al que vienen sometiendo tanto a medio millar de trabajadores y sus familias, a los que se les adeudan en torno a 8 millones de euros entre nóminas e indemnizaciones, como a centenares de proveedores a los que se les adeudan alrededor de 15 millones de euros en facturas.
Este colectivo reprocha a estos nefastos y desastrosos políticos su incapacidad e incompetencia para trabajar conjuntamente en la búsqueda de fórmulas de negociación y financiación con otras administraciones públicas, encaminadas a saldar la deuda de la Mancomunidad con los acreedores y evitar que ésta alcance actualmente más de 52 millones de euros que van a llevar a la ruina a los once Ayuntamientos de la comarca.
