El Consejo de Gobierno aprobaba este martes, 22 de septiembre, el inicio de los trámites para la elaboración del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. El texto atenderá las necesidades de regulación integral de este sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad, además de establecer medidas para asegurar la defensa del servicio público.
El documento inicial que ha se ha dado a conocer al Consejo, recoge el resultado de más de una veintena de reuniones con más de medio centenar de colectivos, desde Administraciones públicas a profesionales del sector audiovisual, entre ellos la presencia de ACUTEL (Asociación de Teleoperadores y Tv Locales de Andalucía) que han constituido la llamada «MOISA», Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual. Este proyecto de Ley era muy demandado por este sector que se ha visto muy castigado por la crisis económica y que es estratégico y de peso tanto para la economía como para la propia sociedad andaluza.
Este documento pretende dotar a Andalucía de un instrumento propio, sin perjuicio de la Legislación estatal, que se centre en atender las necesidades regulatorias en Andalucía con especial atención en la defensa del servicio público de comunicación audiovisual de forma que quede garantizado que no puedan producirse privatizaciones ni externalizaciones. También se fomentará es empleo estable en este sector.
Respecto a los derechos, el anteproyecto amplía su catálogo considerando a los usuarios no sólo como destinatarios de los servicios sino como parte integrante de la comunicación audiovisual. En este sentido, establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad. También impone obligaciones concretas a administraciones y medios de comunicación para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente. La norma andaluza ampliará las franjas horarias de protección reforzada vigentes ahora y fijados por la legislación estatal básica (la Ley General de la Comunicación Audiovisual). De forma similar, la ley garantizará los derechos de las personas con discapacidades auditivas y visuales con diversos requerimientos mínimos en cuanto a horas de emisión adaptada.
Con el fin de facilitar la implicación de la sociedad, el anteproyecto recoge la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, que estará integrado por representantes de la ciudadanía y de los agentes del sector.
La regulación de la futura ley alcanzará a todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, incluyendo los privados, los públicos locales y el autonómico. Por primera vez en España, también se reconocerá y se dará cobertura legal a los que surgen en los ámbitos de las universidades y los centros docentes públicos, así como a los comunitarios sin ánimo de lucro. Con la definición de las condiciones de prestación, la gestión de sus licencias y el control y supervisión de su funcionamiento, el anteproyecto alcanza así la regulación integral de todos los ámbitos del sector.
En relación con el apoyo a la actividad económica y empresarial audiovisual, que actualmente se desarrolla de una forma dispersa, el anteproyecto establece las bases de un sistema de incentivos, bonificaciones fiscales y ayudas a la financiación para respaldar proyectos de creación, producción, distribución, exhibición y promoción exterior.
La ley introducirá también destacadas novedades en relación con los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios audiovisuales y fortalecerá los mecanismos de control vinculados a los de carácter público local. Se detallan así medidas para asegurar, con mayores garantías que la legislación estatal, la prohibición efectiva de emitir publicidad en emisoras sin licencia. Con la nueva ley, los anunciantes, las agencias de publicidad y los terceros que contraten con emisoras sin título habilitante serán también responsables.
En la misma línea de un mayor control de la actividad para luchar contra la piratería, se refuerzan la actividad inspectora y el régimen sancionador. En el primero de estos aspectos, la ley dotará a la Administración autonómica de nuevos mecanismos para acceder a los lugares que pueden estar vinculados a emisiones o servicios audiovisuales irregulares o ilegales. En este sentido, se crea la figura del “colaborador necesario”, por ejemplo, para los titulares de parcelas donde se sitúen torres de emisión, que deben prestar su ayuda para el acceso a las mismas.
En cuanto al régimen disciplinario, el anteproyecto tipifica nuevas infracciones y sanciones para los casos de incumplimiento de esta colaboración y también para quienes realizan comunicaciones comerciales con prestadores del servicio sin licencia.
El texto también actualiza las sanciones económicas previstas en la ley básica para hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía. Las cuantías para las infracciones tipificadas como muy graves, entre ellas la emisión sin licencia, oscilarán entre 80.001 euros y un millón para los servicios de comunicación televisiva, y entre 20.001 y 200.000 para los radiofónicos.
En el caso de las infracciones graves, como incumplir el deber de comunicación previa o alterar los parámetros técnicos de emisión, se podrán imponer sanciones de entre 20.001 y 80.000 euros para las televisiones y de entre 10.001 a 20.000 para las radios. El régimen sancionador se completa con multas para infracciones leves de hasta 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.
