La Fiscalía califica el Concurso de acreedores como culpable y doloso, por lo que solicita la inhabilitación para administrar bienes ajenos y entidades mercantiles durante 5 años para el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez y para el ex-consejero delegado de la sociedad, José Jiménez, para los ex-consejeros Carlos Javier Sánchez Soto, Juan Luis Montoya, PRODETUR y la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla (INPRO), para tres años; y la inhabilitación durante dos años para Juan Carlos García Marín, Consuelo Navarro, Francisco Carrasco y Antonio Plata Casado. Así mismo la fiscalía también condena al alcalde de Utrera y a José Jiménez al pago, al menos parcial, a los acreedores del déficit tal y como recoge la actual Ley Concursal.
A través de una nota de prensa del Ayuntamiento de Utrera, éste informa que en los próximos días se presentarán las alegaciones correspondientes a la propuesta de declaración de culpabilidad.
Según dicha nota, el informe de la Administradora Concursal, designada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla, califica el concurso como culpable, con un periodo de análisis y determinación de la insolvencia de los dos años anteriores a la declaración de concurso, es decir, del 7 de mayo de 2010 al 7 de mayo de 2012. Asimismo dicho informe recoge que los hechos y conductas con trascendencia para la calificación, básicamente son los siguientes: Irregularidades y retrasos en la contabilidad.
El documento dispone que a la fecha en que se presentó la solicitud del concurso, el 17 de abril de 2012, ya habrían debido de estar formuladas las cuentas anuales de 2011, sin embargo, no estaba ni cerrado el ejercicio. También el mismo informe insiste en que, para dar solución al problema del retraso en la contabilidad, motivado en gran medida por la huelga de los trabajadores de Produsa, ya que la contabilidad se llevaba internamente, la propia Sociedad de Desarrollo contrató a una empresa externa a la que se encargó la llevanza y puesta al día de la contabilidad.
Sigue la nota que en cuanto al Consejo de Administración, el informe recoge que éste tiene delegadas de forma permanente las facultades de gestión en la figura del Consejero Delegado, que actuaba en calidad de gerente de la compañía y persona encargada de que la entidad cumpliera con todas sus obligaciones formales, así como informar al Consejo de Administración de la situación en la que se encontraba la compañía.
Al Consejo de Administración se le presentaban las Cuentas para su formulación junto al informe de Auditoría. Las últimas cuentas presentadas para su formulación correspondiente al ejercicio 2010, lo fueron el 30 de marzo de 2011 y arrojaban resultados positivos, como así consta en el Informe de Auditoría correspondiente a ese ejercicio que reflejaba la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Produsa. Por ello, se puede entender que el Consejo de Administración, hasta ese momento, no hubiera tomado conciencia de la situación de insolvencia en la que se encontraba la compañía, según la Administración Concursal.
Es el Consejo de Administración nombrado el 12 de septiembre de 2011 el que toma conciencia de la situación de insolvencia presentada por el Consejero Delegado y acuerda presentar el pre-concurso el 16 de diciembre de 2011. Igualmente se encargó un informe de Auditoría a la empresa Grupo CONSEA. Por todo ello, la Administradora Concursal entiende que la calificación de culpable no puede afectar por igual a las personas que actuaron con la diligencia debida, entendiendo que el Consejo de Administración tomó las medidas adecuadas cuando fue alertado de la situación en que se encontraba la empresa.
Por ello, según la nota recibida, dicho informe responsabiliza fundamentalmente a los Consejeros Delegados, a José Jiménez Álvarez que fue Consejero Delegado desde el 9 de octubre de 2007 al 12 de septiembre de 2012 y Juan Carlos García Marín, que lo sustituyó en el cargo a partir del 12 de septiembre de 2011.
Por otro lado el portavoz del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Utrera, José Hurtado, ha afirmado que la situación de la empresa Produsa “no es distinta a la que, desgraciadamente, están atravesando miles de empresas en todo el país como consecuencia de la crisis”. Por ello, según Hurtado resulta muy difícil comprender la petición de la Fiscalía porque, sin aportar más datos que lo ya recogido por la propia Administradora Concursal en su informe, en el que queda argumentado el desconocimiento de los miembros del Consejo de Administración de la situación de la empresa y que, es el Consejero Delegado quien está facultado para todas las gestiones, parece que no tiene mucho sentido querer ampliar responsabilidades a otras personas”. Aún así, Hurtado asegura “tener absoluta confianza en la Justicia y, por supuesto, en la gestión del alcalde que siempre ha estado dirigida a mantener la viabilidad de Produsa y los puestos de trabajo de toda la plantilla, hasta que fue informado de la imposibilidad de continuar debido a la crisis que, insisto, está afectando a miles de empresas”.
La Fiscalía pide cinco años de inhabilitación para el alcalde de Utrera y el ex-consejero de PRODUSA José Jiménez
