En la tarde del miércoles 31 de julio, se ha firmado en el Ayuntamiento de Utrera el Contrato de Arras y Compraventa de Terrenos entre el consistorio y Dña. Dolores Patiño Arróspide, viuda de Soto, tras cuya rúbrica se pone fin al conflicto en la barriada de San Joaquín por la titularidad de los terrenos que ocupan las zonas comunes, viarios, zonas deportivas y equipamientos de dicha barriada.
El acuerdo alcanzado recoge que el precio de adquisición de la finca que conforman los citados terrenos es de 342.644 euros. Por este concepto, el consistorio entrega a la familia de Soto un total de seis parcelas del sector SUP-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Utrera, valoradas en 292.644 euros. Además, se abona la cantidad de 50.000 euros, de los cuales a la firma se han entregado 30.000 en concepto de arras, quedando fijado para los próximos meses el pago de los 20.000 restantes.
En la firma del acuerdo han estado presentes el alcalde, Francisco Jiménez y por parte de la familia de Soto el abogado que los representa, Fernando Rodríguez Galisteo.
El alcalde ha mostrado su satisfacción “por poner fin a un conflicto que ha durado demasiado tiempo y, muy especialmente, a la incertidumbre y el malestar generado en los vecinos de San Joaquín que son quienes más han padecido todos estos problemas a los que hoy se pone fin”. Añade que, tal y como existe el compromiso con los vecinos, “en el plazo de unos tres meses aproximadamente podamos entrar en la barriada a reparar los desperfectos ocasionados en la zona del campo de fútbol, una vez que por ambas partes se firmen ante notario las cesiones de las parcelas, a finales de octubre o primeros de noviembre”. Jiménez insiste en que “bien está lo que bien acaba y que es bueno poder pasar página en un conflicto que ha tenido declaraciones subidas de tono por ambas partes pero que, en definitiva se trataba de defender los derechos de los ciudadanos de Utrera, por nuestra parte y, lógicamente por parte de los abogados, los de la familia a la que representan”.
Los antecedentes de este litigio se remontan al inicio de la década de los 80, cuando salen a subasta unos terrenos de la empresa Bejar, promotora de la barriada, que son adquiridos por Manuel de Soto y Carvajal, marido de la marquesa de Santaella, actual propietaria tras el fallecimiento de su esposo. Dichos terrenos, se corresponden con las cesiones obligatorias que le corresponden al ayuntamiento tras la urbanización de la zona.
El asunto llega al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que falla a favor del consistorio, apelando el marquesado al Tribunal Supremo, que también falla a favor del Ayuntamiento en abril de 1991. A pesar de esta sentencia favorable, los anteriores gobiernos no promovieron la recepción de la barriada, llegando así el conflicto hasta el año 2011, fecha en que el Juzgado nº 2 de Utrera dictamina que la marquesa de Santaella es “la legítima poseedora” de la propiedad en litigio. Aún así, se reconoce éstos terrenos “fueron objeto de cesión obligatoria y gratuita al ayuntamiento”, y añade que desde 1974 la clasificación urbanística ha sido de “urbano, equipamiento zona verde y que en 2001, con el PGOU, ha sido de urbana y equipamiento deportivo, en ambos casos sin que se hicieran alegaciones en fase de información pública”.
