Tras la última reunión de negociación sobre los terrenos de San Joaquín, representantes municipales y vecinales criticaron el carácter “inasumible” de la propuesta formulada por el marquesado, que según sus declaraciones se acercaba al millón de euros. Una cantidad que ha desmentido el abogado de la marquesa, Fernando Rodríguez, en una nota de prensa en la que detalla las tres propuestas formuladas al ayuntamiento.
En la primera de ellas (método deductivo) solicitan 900.000 euros, de los que 245.00 se pagarían con parcelas ofrecidas por el ayuntamiento y el resto en efectivo. Esta cuantía se corresponde a la valoración económica de los terrenos realizada en 2011, de 1.840.042’24 euros, a la que han decidido aplicar una reducción del 50% para lograr el acuerdo.
En la segunda propuesta (método Inductivo) aceptan la cesión de 600 metros cuadrados que le ha propuesto el ayuntamiento en otro punto de Utrera, concretamente cinco parcelas situadas tras el colegio salesiano que en este momento no se encuentran urbanizadas. Dicha extensión se corresponde casi en totalidad con los 500 metros cuadrados (en dos plantas de 250 metros cuadrados) que aparecían como edificables para uso comercial en los planos de la barriada, por tanto entienden que “eso ya es nuestro por ley porque es inherente a la propiedad del terreno”. Por ello solicitan además de las parcelas “la devolución de lo pagado en 1980 como precio por la compra de la parcela esto es 13.522 euros, que a valor de hoy se equivale a 97.546’04 euros, y que se le devuelva todo lo pagado en estos 7 años a abogados, arquitectos, topógrafos, notarios, gastos de registros, procuradores, suplidos, desplazamientos y dietas de todos los profesionales que han intervenido para ganar el pleito y que asciende a la cantidad de 198.584’33 euros”. Gasto, según el abogado “que no se hubiese producido si el Alcalde hace 7 años se hubiese reunido con la propiedad y hubiese alcanzado un acuerdo”. En total una cantidad cercana a los 300.000 euros.
La tercera propuesta con la que buscan “favorecer a los vecinos y evitar la inminente demolición” se traduce en un alquiler de los terrenos por 0,90 céntimos al mes el metro cuadrado. De manera que el ayuntamiento tendría que pagar 12.000 euros al mes, a lo que añaden el 50% de los gatos de abogados y trámites anteriormente citados, cerca de 100.000 euros en concepto de fianza.
Aclaran además que “si el Ayuntamiento perdiese el pleito para recepcionar los terrenos y finalmente quisiera comprarlos, lo recibido se descontaría del precio. La propiedad autorizaría de forma inmediata a que el ayuntamiento pudiese hacer obras de adecentamiento y mejora de los terrenos para que los vecinos pudiesen tener el problema resuelto”.
En el extremo de no llegar a un acuerdo y el Ayuntamiento continúe ofreciendo solo unas parcelas, anuncian que se procedería a la demolición inmediata de los terrenos.
De momento el consistorio no se ha pronunciado al respecto de estas propuestas, pero sí lo ha hecho el portavoz vecinal Diego Orozco, quien considera que son “poco sensatas y económicamente inviables en los tiempos que corren”.
El abogado, Fernando Rodríguez, a petición de la marquesa ha llamado por teléfono a Diego Orozco para pedirle “claridad y precisión” tras hacerse público la intención de los vecinos de aceptar la demolición del campo de fútbol y parque infantil. Consideran que el portavoz vecinal “no les ha trasladado toda la verdad, pues lo que dispone la sentencia es desinstalar todos los elementos de titularidad municipal que se encuentren en los 12.000m2, incluyendo los viales de la barriada, y sus espacios verdes, así como todos los elementos públicos, tales como farolas, árboles, señalizaciones que se encuentran en ellos. Se procederán a vallar los viales, se eliminarán los aparcamientos y solo se respetará el acceso a pié a las viviendas por el acerado, no podrán acceder los vehículos. Además y por último, se procederá también a la demolición de las instalaciones deportivas y la zona infantil”. Eso es según el abogado “lo que dispone la demoledora sentencia firme del Juzgado de Utrera, y es lo que contiene la orden judicial de ejecución firme”.
Por su parte, Diego Orozco se ha mostrado muy ofendido tanto por la acusación de ocultar información a los vecinos como por las amenazas de demolición, con las que entiende que “solo tratan de infundir miedo entre los vecinos y dilatar el proceso sin que se llegue a acuerdo para obtener beneficios económicos”. Orozco aclara que lo único que ha hecho “es trasladar a los vecinos, de los que forma parte, todo lo que se ha hablado en las reuniones de negociación en las que ha estado presente”.
El portavoz vecinal reconoce que a día de hoy la propietaria de los terrenos es la marquesa de Santaella, pero aclara que hay dos juicios paralelos sobre el proceso, uno contencioso administrativo y otro civil. “Por lo contencioso administrativo el ayuntamiento tiene dos sentencias a su favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras, en las que se reconoce la cesión gratuita de los terrenos al ayuntamiento, mientras que por lo civil ellos tienen el dictamen del Juzgado de Utrera, al que no dieron constancia de la existencia de lo anterior”, explica.
Aunque reconoce que los terrenos deben ser cedidos al ayuntamiento, no lo exime de culpa por haber demorado cuarenta años los trámites. Una actuación que considera “vergonzosa”.
Y por encima de todo, reitera que los principales perjudicados son los vecinos.
Al margen de estas valoraciones, la negociación continúa. La reunión prevista para este viernes ha sido desconvocada por el alcalde por motivos de agenda, pero ha ofrecido la posibilidad de realizarla el próximo lunes. Sin embargo, la otra parte afirma que se trata de “un nuevo incumplimiento de la palabra dada por el Alcalde que antepone otros intereses a la importante reunión que puede ser definitiva para resolver el problema de San Joaquín”. De momento no han aceptado volver a reunirse el lunes como propone el primer edil.
