Miembros de la Junta Directiva de la “Plataforma de afectados por los impagos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y Gesalquivir” han mantenido recientemente un encuentro con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el que le han expuesto la gravísima y desesperante situación que los impagos de la Mancomunidad y su sociedad instrumental Gesalquivir están provocando entre los trabajadores y proveedores (autónomos y pequeños empresarios fundamentalmente), una problemática con implicaciones políticas, económicas, sociales y jurídicas que están dificultando y retrasando una solución al pago de la deuda, que afecta a casi medio millar de trabajadores y a centenares de proveedores.
En este sentido, desde la Plataforma se informó al Defensor del Pueblo de la imperiosa necesidad para trabajadores y proveedores de que el próximo pleno de la Mancomunidad, en el que se votará la aprobación definitiva de disolución de la entidad, ratifique dicha aprobación una vez resueltas las alegaciones presentadas, además de que se llegue a un acuerdo en el seno del propio grupo político que siempre ha presidido la Mancomunidad, el PSOE –el PSOE de Sevilla votó a favor y el de Cádiz votó en contra del expediente inicial de disolución-, y por parte del resto de formaciones políticas presentes en el Pleno (PP, PA, IU, e Independientes) para no impugnar dicho acuerdo. Impugnarlo supondría dejar a la Mancomunidad en un “limbo” que eternizaría en los juzgados la asunción de la deuda por parte de los Ayuntamientos, como recogen los propios estatutos de la institución supramunicipal, y con ello, el pago a los acreedores.
Además la Plataforma alertó del agravante que supone la lentitud de los Tribunales de lo Social y Contencioso Administrativo a la hora de resolver las demandas de los trabajadores y proveedores, así como del drama social que se avecina cuando en pocos meses se acaben las prestaciones por desempleo y la situación de los afectados y sus familias sea insostenible por no poder afrontar el pago de hipotecas y gastos corrientes. También se refirió al coste para las arcas públicas, al dinero de todos los ciudadanos que está conllevando el retraso en la disolución de la Mancomunidad, cuya deuda alcanza ya los 52 millones de euros.
Por su parte, Jesús Maeztu mostró una gran sensibilidad y preocupación ante un problema de tanta envergadura y trascendencia social en la comarca del Bajo Guadalquivir, comprometiéndose a interceder y mediar en favor de los trabajadores y acreedores de la Mancomunidad ante las instituciones implicadas -entre ellas la Junta de Andalucía-, y comenzando por reunirse con la propia presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández.
El Defensor del Pueblo Andaluz también se comprometió a trasladar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, la importancia de que los jueces agilicen la ejecución de las sentencias judiciales por la dimensión social de un problema que afecta a en torno a medio millar de trabajadores a los que se les adeudan tanto nóminas como indemnizaciones, así como a centenares de proveedores.
