La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para conocer la protección del yacimiento de El Torbiscal, en Utrera, tras el «saqueo» de 14 de los 63 enterramientos de la necrópolis romana descubierta con motivo de «las catas arqueológicas de carácter preventivo» asociadas a las obras de remodelación de la intersección de N-IV con la carretera A-471 en las inmediaciones del poblado.
En la queja, dirigida a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla y al Ayuntamiento de Utrera, la institución quiere saber el registro o identificación previa del espacio afectado por las obras en cuanto a su consideración como yacimiento arqueológico.
Además, Maeztu quiere conocer las medidas adoptadas desde el hallazgo de los restos encontrados en el yacimiento, las labores de intervención realizadas o calendario de intervenciones previstas, así como el control y seguimiento de la ejecución de las mismas y el estado del proyecto de la obra pública en relación con la delimitación del hallazgo en dicho yacimiento.
En la exposición de motivos, el Defensor del Pueblo Andaluz destaca que en el conjunto de actividades de protección de la riqueza arqueológica andaluza se ha desarrollado una importante labor de localización, descripción e investigación de las zonas que han acreditado el interés dentro del rico y variado patrimonio histórico andaluz.
Así, en el caso de la zona del Bajo Guadalquivir, señala que han conocido unas «supuestas actuaciones de expolio o saqueo» en el yacimiento arqueológico de El Torbiscal y que, según la información publicada, los ataques realizados se habrían producido con motivo de «las catas arqueológicas de carácter preventivo asociadas a unas obras en el enlace de la carretera de Las Cabezas con la Nacional IV».
Además, añade que estos actos de «vandalismo» contra la investigación arqueológica «fueron incluso advertidos por guardas de las obras que fueron amenazados y agredidos».
Igualmente, la Defensoría quiere conocer las medidas adoptadas por Cultura en relación a la delimitación, valoración y, en su caso, protección de estos hallazgos, así como las medidas que acometerán respecto de estos restos, «por si fueran susceptibles de una determinada protección» o, en su caso, «las decisiones sobre la continuidad de los trabajos y su impacto en dichos hallazgos».
Por último, destaca que «resulta de sumo interés» conocer el resultado práctico de las disposiciones de Cultura sobre este hallazgo y su implicación con las obras de instalación que se están acometiendo.
