El Ayuntamiento de Utrera se ha adherido al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda para combatir el problema de los desahucios. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, se trasladó en la mañana del jueves 7 a Utrera para asistir a la firma del acuerdo con el alcalde, Francisco Jiménez.
El regidor local mostró su satisfacción y recordó que el consistorio ha estado presente en todos los consorcios y reuniones en materia de vivienda a los que ha sido convocado, “porque es nuestra obligación y especialmente en los tiempos que corren colaborar y prestar atención al tema de la vivienda”.
Francisco Jiménez, Alcalde de Utrera
Asimismo Jiménez ha mostrado su deseo de que la colaboración entre administraciones no quede solo en la firma de este convenio sino que le sigan muchos más, ya que tanto la Junta como el Ayuntamiento tienen como objetivo común el velar por los intereses de los ciudadanos”.
Por su parte, la consejera dejó claro el objetivo del convenio, al que ya se han adherido 70 municipios andaluces, que no es otro que “la defensa de las familias que están en el momento previo o en proceso de desahucio”.
La Oficina de Prevención, Intermediación y Protección contra los Desahucios de la provincia de Sevilla, con sede en la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha logrado evitar en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento 282 desalojos, según ha explicado la propia consejera. “Este Programa es la prueba de que la política sí puede cambiar las cosas si se pone de parte de las víctimas de la crisis y abandona la resignación”, ha afirmado Cortés, que ha agradecido al alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, su “compromiso en la lucha contra los desahucios”.
El acuerdo firmado garantiza la creación de una la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en el ayuntamiento, que prestará asesoramiento, intermediación y protección a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
El Ayuntamiento también se compromete, mediante Servicios Sociales y previa solicitud de la Delegación Territorial de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio busca ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Así, el consistorio tendrá además que facilitar a la Delegación Territorial de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual. Para ello se constituirá una Comisión de Seguimiento para dar respuestas a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
La consejera de Fomento y Vivienda ha reconocido públicamente la voluntad de colaboración prestada por el alcalde de Utrera y el pleno municipal para que este convenio sea posible.
Desde su puesta en marcha el 8 de octubre hasta el 25 de enero, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha obtenido muy buenos resultados: del pasado 8 de octubre hasta el 25 de enero la oficina para la provincia de Sevilla tramitó un total de 345 expedientes, de los que 50 se abrieron en el ámbito de la prevención, 282 en el área de la intermediación y 13 en protección. De esos 282 “hemos resulto positivamente 125 y hemos paralizado el resto”, aseguraba la consejera.
En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera y se basa en información sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias, o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar. “Cuanto antes acuden las familias a estas oficinas, más herramientas tenemos para atenderlas”, ha subrayado Cortés.
La intermediación es el servicio más demandado y está destinado a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios. “Cuando nació este Programa el objetivo que se planteaba era que nadie que acudiera a nosotros perdiera su vivienda, y lo hemos conseguido.
En base a estos datos, Elena Cortés ha aprovechado la firma del convenio para realizar un llamamiento a los utreranos que se encuentren en riesgo de desahucio para que “pierdan la vergüenza y el miedo por la situación en la que se encuentran y acudan a la oficina antidesahucios”.
En Utrera, trabajadores públicos ofrecerán atención a las personas que sufran este problema. El alcalde aclara que “de las 180 viviendas afectadas por la liquidación de PRODUSA no hay constancia de ningún desahucio, aunque sí deberán afrontar el pago del alquiler que ronda los 50 euros, mientras que en el sector privado serían dos o tres los casos”.
