En la mañana del 14 de noviembre se ha celebrado un pleno monográfico a las 07:45 horas de la mañana, a petición del PSOE, en el que el alcalde ha ofrecido las explicaciones pertinentes sobre la liquidación de la sociedad municipal PRODUSA.
A lo largo de casi una hora, Francisco Jiménez ha ofrecido una pormenorizada argumentación sobre las circunstancias que han llevado a PRODUSA al concurso de acreedores y ha manifestado, apoyándose en razonamientos de peso, su plena confianza en el que concurso tiene un carácter fortuito, es decir, que en la quiebra de la sociedad municipal han intervenido únicamente factores exteriores derivados de la crisis económica.
En este sentido, Jiménez ha defendido la labor del PA en PRODUSA, señalando que durante sus años de mandato se han construido más de 550 viviendas sociales en Utrera, a pesar de los obstáculos puestos desde otras administraciones, como la Empresa Andaluza del Suelo, que cobró a Produsa el doble por unos terrenos que se destinaron a viviendas sociales. También ha querido destacar los centenares de cursos de formación para el empleo y la construcción de polígonos industriales por parte de dicha sociedad.
Respecto a las circunstancias que han llevado al concurso de acreedores y liquidación de la sociedad, Jiménez ha señalado los impagos de numerosos entes a PRODUSA, que han impedido su mantenimiento.
Según la formación municipal del partido andalucista, los motivos principales:
La deuda de Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, cifrada cercana a los 250.000 euros. Se trata de la mayor deuda pendiente de MMGB con cualquiera de los ayuntamientos que la componen.
La de la empresa AROA S. L., que debe a la sociedad municipal casi 1 millón de euros en concepto de compra de unos terrenos en Vistalegre. Hay que recordar que esta empresa era a su vez acreedora de más de 7 millones de euros que le debían los ayuntamientos de Burguillos, Castilleja de la Cuesta y Castilleja de Guzmán; ante la imposibilidad de hacer frente a sus pagos, la propia AROA se declaró en concurso de acreedores.
El impago de las subvenciones a las viviendas sociales por parte de la Junta y el impago de gran parte de los alquileres de dichas viviendas por parte de sus inquilinos. Todas estas deudas unidas han impedido el mantenimiento de la sociedad.
Respecto a los acreedores de PRODUSA, hay que señalar que una vez abierto el concurso de acreedores el 18 de diciembre de 2012, tan solo se personan en el mismo cinco extrabajadores de la empresa, que son los que solicitan la declaración de culpable para el concurso. Del resto de acreedores (98%) ninguno ha pedido dicha calificación al considerarlo fortuito.
Además, la propia administradora concursal reconoce la existencia de un superávit de más de 500.000 euros a la empresa municipal. La empresa, dedicada a la construcción de viviendas sociales como objeto prioritario, reinvertía sus beneficios en nuevas promociones. El único año que PRODUSA presentó cuentas negativas, en 2006, el socialista José María Villalobos se sentaba en el consejo de administración de PRODUSA y mostró su conformidad con los resultados contables.
Respecto a las irregularidades que detecta la administradora concursal hay que señalar dos: en primer lugar, una subvención de un curso no justificada. Se trata de un curso de informática realizado por PRODUSA. La documentación remitida por esta sociedad a la Junta justificando dicha subvención de 23.000 euros se ha considerado insuficiente. En segundo lugar, se menciona el retraso en la presentación de las cuentas, algo que nos parece lógico teniendo en cuenta la huelga de trabajadores de PRODUSA, que paralizó cualquier actividad en la empresa.
El informe de la administradora hace constar la legalidad de las cuentas de PRODUSA, todas ellas auditadas exteriormente y depositadas en el Registro Mercantil en sus plazos legales.
Igualmente llama la atención la forma en la que el ministerio fiscal hace extensiva la declaración de responsabilidad a todo el consejo de administración de PRODUSA, cuando no aporta ningún argumento nuevo respecto a la administradora concursal, que exime al alcalde de toda responsabilidad. Jiménez ha enumerado numerosa jurisprudencia que rebate los argumentos del fiscal, fundamentándose en la imprecisión del mismo, que incluso llega a pedir la inhabilitación de varias sociedades de la Diputación de Sevilla – como institución, no a las personas que la han representado –.
Consideran que estas circunstancias, que están argumentadas en las alegaciones presentadas por el PA en el juzgado, suponen “razones contundentes para que el juzgado de lo mercantil declare el concurso de acreedores como fortuito.”
Por último, quieren agradecer tanto a PSOE como a IU que reconozcan, como han hecho en el Pleno de hoy, la honradez del alcalde, aunque “nos gustaría que hicieran extensiva esas declaraciones al resto de su actividad política, pues son numerosos los bulos que han corrido por Utrera aprovechando una situación provocada por la crisis”. En este sentido, “resulta esclarecedor comprobar como muchas empresas municipales han pasado por circunstancias similares o aún peores que la propia PRODUSA. Así, y sin salir de la provincia de Sevilla, encontramos el preconcurso de acreedores de SODECSA (Camas, gobernada por el PSOE); DIPRASA, en Guillena; EMDESPAL, en Palomares del Río (donde sí se aprecian actividades delictivas, como viajes sin justificar, hoteles en el Rocío, etc.) o BURGUILLOS NATURAL, con una deuda de 47,5 millones de euros para una población de 6.500 habitantes. Con este panorama, la Diputación de Sevilla ha decidido regalar sus participaciones en 22 empresas municipales.”
