a Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, considera que el gobierno andaluz no está haciendo una verdadera apuesta por el relevo generacional, lo que supone no solo una amenaza para el futuro de la actividad agraria sino también un trasvase de fondos correspondientes a las ayudas del primer pilar, que dejarán de llegar a Andalucía para irse a territorios cuyos jóvenes se han incorporado a la actividad, consiguiendo derechos a través de la Reserva Nacional.
En el marco actual, 2007-2013, Andalucía tenía un presupuesto inicial para incorporación de jóvenes de 198 millones de euros, que finalmente se han quedado en 63,2, si bien la Consejería de Agricultura anunció en su día que planeaba ampliar esta partida en unos 20 millones más (recordemos que de todas estas cantidades lo que la Consejería aporta es el 5% para que Bruselas y Madrid pongan el resto). Con estos datos, y suponiendo que los fondos se incrementen, nuestra comunidad autónoma, que cuenta con casi el 25% de las explotaciones agrarias españolas, habrá apoyado la instalación de 900 nuevos agricultores.
Esta situación contrasta con la de otras regiones como Aragón que, con el 5,3% de las explotaciones agrarias, ha dado ayudas a más de 1.200 jóvenes, o como Castilla y León que, con el 9,9% de las explotaciones agrarias, ha apoyado a más de 1.300 jóvenes hasta diciembre de 2013 (habría que añadir los de 2014, en el que el gobierno autonómico también dedica 40 millones de euros a incorporación de jóvenes y modernización).
El nuevo Plan de Desarrollo Rural no mejora esta situación. Para el marco 2014-2020, la Consejería de Agricultura prevé destinar a relevo generacional 93,2 millones de euros, lo que significa un recorte respecto a los 100 millones que se planteaban en comunicaciones previas, pero además es la mitad del presupuesto inicial del marco anterior (los 198 millones que finalmente quedaron en 63,2, como se ha comentado anteriormente), por lo que la intención de apostar por la incorporación de jóvenes no se ve reflejada en el nivel de apoyos que esta medida recibe.
Pero además, esta organización agraria recuerda que hay cuestiones que no dependen de presupuesto, como la inclusión de la compra de tierras en las ayudas de incorporación, que la Consejería andaluza no contempla, mientras otras comunidades sí lo hacen. Este detalle es importante, no sólo por lo que supone de apoyo real a la incorporación de jóvenes a la actividad, sino también porque incluir en la ayuda la compra de tierras es la forma más directa de acceder a la Reserva Nacional (RN) de Derechos. Sólo los que entren en la RN podrán ser beneficiarios del 2% de ayudas directas que la nueva PAC destina expresamente a los jóvenes agricultores, por lo que las comunidades cuyos jóvenes accedan a la misma verán incrementados sus fondos comunitarios en perjuicio de otras.
Además, las ayudas para incorporación de jóvenes son incentivos a la iniciativa empresarial que traen consigo un compromiso de inversión del agricultor, a lo que habría que sumar su aportación a la seguridad social y a la agencia tributaria, por la incorporación de los nuevos cotizantes.
Por eso, 2014 es un año clave y Andalucía debe dar un giro a su política de incorporación de jóvenes, para garantizar el futuro de la actividad agraria (en estos momentos sólo el 6,4% de las más de 246.000 explotaciones andaluzas está en manos de menores de 35 años, mientras más del 55% de los titulares está por encima de los 55 años y más del 31% supera los 65) pero también para favorecer la creación de empleo en el medio rural. Hay que recordar que según Eurostat, por cada agricultor profesional que se incorpora se generan entre 8 y 10 empleos asociados, un detalle nada despreciable en una región como la nuestra, con un índice de desempleo juvenil que casi alcanza el 65%.
