La tensión vivida en la mañana del miércoles en los terrenos de San Joaquín concluyó con una reunión en el Ayuntamiento a la que asistieron el alcalde de Utrera, el demandante junto a su abogado, los portavoces de los distintos partidos municipales a excepción de IU y dos representantes de los vecinos. Fruto de ella, el alcalde se ha comprometido a presentar una propuesta de negociación el próximo lunes en una nueva reunión, y el demandante a paralizar los trabajos de demolición hasta entonces.
Sobre ello se han pronunciado los asistentes a la misma. El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez reconoce que la familia Soto posee la titularidad de los terrenos, pero defiende igualmente la cesión gratuita de los mismos al Ayuntamiento de Utrera.
Para realizar esta afirmación se acoge a una sentencia emitida por el Tribunal Supremo en los 90. “El propietario tiene que ceder todos los terrenos de zona verde, zona deportiva y viales gratis, porque así lo establece el Supremo”, explicaba el regidor.
En beneficio de todos y con el objetivo de evitar mayores consecuencia, asegura que procederá con la mayor celeridad posible.
Por su parte, El abogado de los demandantes agradece “que el alcalde haya reconocido finalmente que la titularidad de los mismos les corresponden” y se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial.
Respecto a la alusión de Jiménez a la sentencia del Tribunal Superior, sigue manteniendo que su orden judicial prevalece sobre esta. “Nosotros estamos en el orden civil, no es un contencioso administrativo sobre el rango que posee el suelo sino sobre su titularidad, al margen del destino que se le tenga que dar. Y la titularidad pertenece a fallecido Don Manuel Soto, que los compró en subasta pública libre de cargas”, explica en abogado.
Respecto a la demolición de lo construido para devolver los terrenos a su estado inicial, apunta que el Juzgado ha condenado al Ayuntamiento a sumir el coste, que supondría “unos 9.000 euros de la constructora, a los que hay que añadir gastos de la dirección del aparejador, unos 2.500 más y los gastos que ha generado el visado de este proyecto”.Los representantes vecinales asistentes a la reunión se muestra con cautela ante este baile de sentencias y argumentos. Diego Orozco en compañía de Roque Velázquez lamentaba que “cada día nos encontramos con más cosas extrañas sobre la barriada, solo esperamos que se excepcione cuanto antes”.
Aún así, valoran positivamente el inicio de la negociación.
Por su parte, la portavoz de UPyD, Isabel González Blanquero, que se ha implicado mucho desde que este conflicto salió a la luz se ha mostrado muy crítica con la manera de proceder del propietario, afirmando que “deja mucho que desear”. Asimismo desmiente que tengan una sentencia firme que les permita actuar sobre los terrenos pues “lo que poseen es un auto provisional que nos le exime de la necesidad de contar con autorización administrativa”.
Respecto a la reunión se muestra positiva y confiada en la recepción de los terrenos.
En contraposición, el portavoz del PSOE de Utrera, José María Villalobos, ha vertido diferentes críticas sobre el PA. La primera de ellas “que nadie del ayuntamiento con capacidad de decisión y datos, como los técnicos o inspectores acudiesen durante la mañana al lugar para rebatir a los propietarios”.
En segundo lugar acusa a los andalucistas de “mentir a los vecinos y ocultar la sentencia en su contra de marzo de 2012 hasta pasadas las elecciones”. Y por último, “que no recurriese dicha sentencia, algo incomprensible”.
IU ha querido explicar los motivos por los que no estuvo presente durante la mañana en los terrenos, afirmando que “el coordinador y concejal de IU se encontraba en la sede atendiendo a una familia que iba a ser desahuciada de una vivienda de titularidad municipal (PRODUSA)”. Aclarado esto valora “positivamente la reunión, para que sirva como vía en la búsqueda de una solución eficaz y viable para el problema».
