La titularidad de los terrenos públicos de la barriada San Joaquín continúa sin esclarecerse y añade un capítulo más a su polémica historia. En la mañana de este jueves 26 acudía de nuevo al lugar el hijo de la marquesa de Santaella, Borja Soto, para cumplir con lo anunciado el pasado miércoles “continuar con la demolición de lo construido, ante la falta de respuesta del ayuntamiento, para recuperar en su estado inicial unos terrenos” que asegura que son de su titularidad.
Su llegada en torno a las 10:00 horas suscitó una gran inquietud ante los vecinos, que se sumaron a este conflictivo encuentro, encabezados por su portavoz Diego Orozco, para tratar de evitar la demolición y solicitar que se esclarezca de una vez el asunto. También se personaron varios representantes del ayuntamiento, entre los que se encontraban la delegada de Seguridad Ciudadana, Consuelo Navarro; el delegado de Obras e Infraestructuras, José Antonio López León; la segunda teniente alcalde y portavoz popular, Paqui Fuentes; el portavoz del PSOE José, Mª Vilallobos y la portavoz de UPyD Utrera, Isabel González Blanquero, entre otros. Asimismo estaban presentes Policía ocal y Guardia Civil, a petición del consistorio.
La tensión y los nervios se palpaban en esta discusión multitudinaria que se prolongó durante casi cuatro horas y en las que ambas partes defendieron su postura.
El abogado de la parte demandante, Fernando Rodríguez, expone como principal argumento no solo la sentencia del 2011 que reconoce que los terrenos son titularidad de la marquesa, como viuda del propietario, sino además, una nueva notificación del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Utrera de este mismo miércoles 25, en la que accede a la petición del propietario para “que la parte interesada practique las operaciones necesarias con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia del 14 de marzo del 2011”.
Además, insisten en que se trata de una sentencia en firme, algo que ha desmentido con rotundidad la delegada de Seguridad Ciudadana. Consuelo Navarro afirma que “en realidad es una notificación provisional, pues se abre un plazo de cinco días para que la parte puede interponer recurso de reposición, por lo que las máquinas no pueden hacer nada”. Asimismo recalca que el consistorio no tiene notificación alguna de dicha resolución.
Ya la pasada semana se paralizaron los trabajos de demolición ante la falta de licencia municipal, tampoco presente en esta nueva acometida. Pero el abogado los demandantes defiende que “obviamente una orden judicial está por encima de una autorización administrativa municipal”.
Otro de los argumentos esgrimidos por el ayuntamiento es que “en las diferentes sentencias judiciales se recoge que los actuales propietarios de los terrenos no pueden pedir lucro cesante, es decir no pueden reclamar un dinero o indemnización por no poder haber hecho uso de los terrenos, ya que la propia calificación de los mismos como zona de equipamiento no permite negociar con ellos”. En este sentido, el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez explicaba hace unos días en nota de prensa que “el consistorio lleva años intentando negociar con los propietarios, algo a lo que estos se han negado y reclaman al ayuntamiento 3 millones de euros por unos terrenos que en el momento en que se le finalice la recepción son propiedad de todos los ciudadanos de Utrera”.
Tanto el hijo de la Marquesa como su abogado niegan dichas afirmaciones y aclaran que “en ninguna de las cinco reuniones mantenidas se ha hablado de oferta económica alguna. También han querido desmentir la calificación de espacio público de equipamiento o zona deportiva a la que aludía el ayuntamiento, pues afirma haber “encontrado un plano en el que aparece proyectado una edificio comercial de dos plantas en este mismo lugar”.
En definitiva un baile de sentencias contradictorias, un cruce de acusaciones sin conclusión y unos vecinos aturdidos que saber a quién creer.
Los antecedentes de este conflicto arrancan en 1974 cuando se inician los proyectos de edificación en la barriada de San Joaquín. En 1980 se sacan a subasta los terrenos citados y son adquiridos por D. Manuel de Soto y Carvajal. Esos terrenos, desde 1974 figuran catalogados como urbano y equipamiento de zona verde. A raíz de 2001, con el Plan General de Ordenación Urbana, se ratifica esta calificación y se añade la de zona de deportiva.
Sobre la titularidad de los terrenos, el equipo de gobierno explica que “aunque se reconoce en una sentencia que son propiedad de la viuda del señor Soto, la marquesa de Santaella, la misma sentencia expresa que esos terrenos son los que el Ayuntamiento de Utrera debió percibir en su momento como compensación por las edificaciones ejecutadas. De ahí que, en el momento en que se proceda a su recepción definitiva por parte del consistorio, proceso que actualmente está iniciado2 y que una vez concluido -afirma el ayuntamiento- dejan de ser propiedad de la viuda de Soto”.
Una acción que según el abogado de la viuda “en derecho no es posible, pues fueron adquiridos en 1980 libre de carga”.
Tratando de esclarecer todo este embrollo en plena calle y con un fuerte calor como testigo, los demandantes reclamaban la presencia del alcalde y los juristas del consistorio, pero a pesar de la presión vecinal, la delegada de Seguridad Ciudadana se mantenía firme en su postura de “no ceder ante a -lo que considera- un auténtico chantaje, para hacer que los vecinos se enfrenten al ayuntamiento en beneficio propio, máxime cuando el el consistorio tenía abiertas sus puertas para dicha reunión, como lo ha hecho en otras tantas ocasiones”.
Así, cuando se acercaban las 14:00 horas los demandantes accedieron a personarse en el ayuntamiento para mantener dicha reunión. Entretanto, técnicos municipales procedían a vallar el recinto.
