El parlamentario autonómico sevillano y portavoz en la Comisión de Hacienda de la Cámara andaluza, Antonio Ramírez de Arellano, ha manifestado, en su visita a Utrera, que supone un «mazazo» a los servicios públicos territorializados, que a su juicio implica, la nueva regulación autonómica para la delegación de funciones tributarias en los registradores de la propiedad, que implica el «cierre» de 67 oficinas liquidadoras en toda Andalucía, nueve de ellas en comarcas de Sevilla.
Ramírez de Arellano ha explicado el origen de estas oficinas que es el de recaudar los impuestos de la comunidad autónoma con la intención de acercar estas gestiones al ciudadano, de ahí que, hace 20 años, se firmara un convenio con los Registradores de la Propiedad para la apertura de estas oficinas liquidadoras.
Ramírez de Arellano alertado por el alcalde de Utrera del cierre de la Oficina Liquidadora de la Junta de Andalucía en Utrera, preguntó al consejero de Hacienda que prometió solucionar tal extremo con «diálogo» y merced a los «intereses» generales.
Para Ramírez de Arellano, lo cierto es que la aplicación local de la resolución emitida el pasado 19 de diciembre por la Agencia Tributaria de Andalucía, publicada en el BOJA al día siguiente, se traduce en el «cierre de la noche al día» en la práctica de 67 oficinas liquidadoras en toda Andalucía.
Además, el cierre de la oficina de Utrera, que atendía a más de 150.000 personas, supone para Ramírez de Arellano, un «importantísimo impacto ya no solo para Utrera, que era cabeza comarcal, sino para las personas de pueblos cercanos que acudían a la localidad para estos trámites».
Para el parlamentario autonómico socialista, como consecuencia de este «mazazo» a este servicio público los utreranos tendrán que desplazarse a Alcalá de Guadaira pues la oficina de Utrera solo queda para «funciones informativas y de asistencia al contribuyente,pero no para liquidar impuestos. También realizará labores de colaboración con el Gobierno en determinadas cuestiones».
Estas declaraciones las ha realizado Ramírez de Arellano, acompañado del alcalde de Utrera, ante las oficinas del Registro de la Propiedad en la localidad, de cuya fachada ya ha sido retirada la placa de la Oficina Liquidadora como señalaba José Mª Villalobos, alcalde de Utrera, quien no entiende como desde la Junta de Andalucía se «miente al decir que no se ha cerrado».
Precisamente, era el alcalde de Utrera el que alertaba del cierre de la mencionada oficina el pasado mes de diciembre. Villalobos solo espera que la Junta rectifique y «dé marcha atrás y que los utreranos podamos seguir teniendo este servicio público en nuestra localidad” .
En ese mismo sentido se expresaba Ramírez de Arellano que ha solicitado al gobierno andaluz que «dé marcha atrás, se busquen soluciones y se den explicaciones del por qué se han suprimido 67 Oficinas en toda Andalucía y el perjuicio que esto supone para los vecinos, como por ejemplo los de Guadalcanal que anteriormente realizaban sus gestiones en la oficina liquidadora de Cazalla, por ejemplo, se ven obligados a conducir 120 kilómetros para hacerlo en Alcalá de Guadaíra».
