El PSOE de Utrera ha presentado 443 alegaciones contra la modificación del presupuesto municipal aprobada por el gobierno de Francisco Jiménez, por la que se cambiaba, a juicio de los socialistas, el destino final de los 600.000 euros solicitados a la Diputación de Sevilla, “que en un principio fueron destinados por el Pleno para obras para evitar inundaciones en San José y Coca de la Piñera, y para adecentar la explanada de la Barriada del Matadero, y luego el equipo de gobierno decidió destinarlos a la instalación de césped artificial en dos campos de fútbol e inyectar más dinero en la liquidación de la sociedad municipal PRODUSA”.
Los socialistas ya habían advertido que se opondrían a este cambio con todos los instrumentos legales a su alcance, porque “independientemente de la necesidad y oportunidad de instalar el césped artificial, no se puede desnudar a un santo para vestir a otro”.
El PSOE además considera que la modificación propuesta vulnera la normativa vigente y por eso solicita que se dé marcha atrás y se respeten los acuerdos iniciales, destinando el dinero que la Diputación ya ingresó el 5 de agosto a las obras que afectan a la seguridad y salud de vecinos de Utrera, que deben ser prioritarias.
En este sentido José María Villalobos ha sido muy claro al respecto, ha recordado que el PSOE ha puesto a disposición del alcalde los anteproyectos de estas obras, y ha afirmado que “no nos resignaremos porque es una cuestión de humanidad y justicia. Hay obras que tienen que ser prioritarias para el ayuntamiento, y éstas que afectan a la seguridad y salud de vecinos de Utrera tienen que serlo”.
Por último, el Secretario General de los socialistas utreranos ha agradecido la movilización de los vecinos y se ha comprometido a seguir luchando por unas actuaciones que son de justicia y que se tenían que haber abordado hace muchos años. Por esta razón y por las alegaciones presentadas por los vecinos el PSOE espera que Francisco Jiménez “no siga dando la espalda a los problemas reales de los utreranos y que deje de anteponer sus intereses electorales a los intereses legítimos de los vecinos afectados”.
