El pleno del Ayuntamiento de Utrera aprobó, con el único apoyo del gobierno municipal del Partido Popular, una propuesta del alcalde Francisco Jiménez para reducir los controles que ejerce la Intervención Municipal sobre el gasto público. Una decisión que, según el PSOE utrerano, se ha tomado en contra del informe desfavorable emitido por la interventora titular, una funcionaria independiente con habilitación nacional, cuya labor es garantizar el uso correcto de los fondos públicos.
Desde el PSOE de Utrera califican esta medida como extremadamente grave: “No solo por lo que supone en términos de transparencia y legalidad, sino por los antecedentes que arrastra el propio alcalde en su gestión económica”, afirman los socialistas.
Los miembros del Partido Socialista enumeran lo que catalogan como “Episodios preocupantes” que Jiménez protagonizó en el pasado: en 2007 eliminó al interventor del consejo de administración de Produsa, y tras cuatro años de gasto sin control, la sociedad terminó quebrando en 2011: “Un desastre económico que acabaron pagando todos los utreranos, y lejos de haber aprendido de aquella experiencia, el alcalde vuelve a dar pasos en la misma dirección”, denuncian los socialistas.
También afirman que “Primero incrementó el importe de las adjudicaciones directas, lo que ha disparado el número de contratos a dedo. Ahora, elimina controles técnicos que garantizaban el rigor y la supervisión en el uso del dinero público, con la excusa de “acelerar la tramitación”. Lo que se está acelerando, en realidad, es el riesgo de gestión opaca y arbitraria”.
La interventora ha advertido con claridad, según el PSOE, que el Ayuntamiento no está preparado para funcionar con menos control. Los socialistas denuncian que el alcalde, Francisco Jiménez, ha decidido seguir adelante a pesar de estas advertencias: “No hablamos de una cuestión técnica, hablamos de un modelo de gobierno. El mismo modelo que ya generó reparos millonarios por parte de la intervención, cientos de contratos con informes desfavorables y decisiones que han sido, como mínimo, discutibles”.
Desde el PSOE exigen al alcalde que rectifique de inmediato, alegando que “Gobernar no es eliminar controles. Gobernar es rendir cuentas. Y, sobre todo, respetar a los profesionales independientes que velan por el interés general. El Ayuntamiento no puede caminar hacia un modelo donde la opacidad sustituya a la legalidad”.
