Lejos de solucionarse, el conflicto sobre la titularidad de los terrenos de San Joaquín añade un nuevo capítulo a su ya dilatada historia. El Ayuntamiento de Utrera y la marquesa de Santaella han cruzado denuncias motivadas por los últimos acontecimientos.
Por una parte, la propietaria ha interpuesto una querella contra el consistorio por la instalación de vallas en el recinto, el pasado miércoles 25; tras el segundo intento de demolición, más de cuatro horas de discusión en San Joaquín y el compromiso de paralizar los trabajos para iniciar la negociación. Los demandantes acudieron al consistorio para una primera reunión, y cuando regresaron a los terrenos observaron “sorprendidos” que habían instalado las vallas.
El abogado de la propietaria, Fernando Rodríguez entiende que con ello ha incurrido en dos delitos, uno de usurpación, por invadir terrenos de propiedad privada sin pedir permiso a los legítimos propietarios, y en segundo lugar un delito de prevaricación por instalar en ella elementos de propiedad municipal”.
En el lugar se encontraban varios testigos que ahora serán citados para declarar ante el juez para determinar si el Ayuntamiento y el alcalde de Utrera, como presunto responsable de dar la orden, han incurrido en los delitos que les atribuyen, para los que la parte demandante solicita “una sanción de entre 7 y 10 años de inhabilitación para ejercer ningún cargo público por el delito de usurpación y una pena de prisión de 1 a 2 años por el delito de prevaricación”.
A la querella se añade una solicitud al Juez de Instrucción de Utrera de que investigue estos hechos y a la Guardia Civil para que incorpore el atestado que abrió en el momento.
El abogado reconoce que no había detectado necesidad alguna de incrementar la seguridad, pero que en cualquier caso el alcalde podía haberlo puesto en conocimiento de los propietarios y estos emprender las medidas oportunas con su constructora, en lugar de entretenernos en el lugar y demorarnos para aprovechar luego que estábamos en la reunión para instalarlas, no sabemos con qué objetivo”.
Al respecto, el alcalde de Utrera ha aclarado que cualquier medida emprendida por el Ayuntamiento se rige por lo que es mejor para los vecinos y para Utrera. Aún así, “una vez conocido el malestar que había generado la colocación de las vallas en la familia de la propietaria procedimos a retirarlas”.
Asimismo, el regidor ha anunciado que el consistorio también ha emprendido nuevas acciones judiciales motivadas por la primera inclusión en los terneros para su demolición. “Hemos abierto un expediente de infracción urbanística puesto que están realizando obras sin la correspondiente licencia, al margen de que la propiedad sea suya o no. Y por su puesto el Ayuntamiento se va a defender”, señala Jiménez.
Al margen de este cruce de denuncias, el regidor sigue apostando por llegar a un entendimiento, “siempre que los propietarios entiendan que los terrenos deben ser cedidos de manera gratuita a los utreranos, tal y como establece la ley”.
En este sentido mantiene que la recepción formal de los mismos para que pasen a titularidad municipal está más cerca que nunca, “aunque no habría sido necesario dar estos pasos si la actitud de la otra parte hubiese sido distinta. De hecho, cuando el ayuntamiento acometía mejoras y arreglos en dichos terrenos nadie los reclamaba de su propiedad ni denunciaba que al ayuntamiento no le correspondían eso trabajos”.
Todas estas declaraciones se producían tras una nueva reunión de negociación, en la que el abogado solicitaba datos sobre el valor económico y ubicación de los terrenos que el Ayuntamiento les ha propuesto cederles en otro punto de Utrera, equivalente a los 500 metros cuadrados de zona edificable que les habría correspondido en su momento.
Francisco Jiménez ha aclarado que no aportó estos datos poruqe le frenó la actitud del abogado, “poco favorable a la propuesta”.
Este viernes 5 se han vuelto a a reunir ambas partes en el Ayuntamiento para intentar llegar a un acuerdo definitivo.
