La situación del sector agrario es calamitosa, y con la reforma que se plantea desde el Ministerio de Agricultura, solo parece que se agrava los problemas y se reduce las ayudas.
Este es el sentir del sector agrario del Bajo Guadalquivir que ve cómo sus problemas crecen pues ante la posibilidad de perder ayudas se enfrentan, también, a la sequía, la subida de los costes de producción y la imposibilidad de competir con países como Egipto o Suráfrica con productos que “pagan a precios que llegan al de recogida de aquí”, explicaba Juan Sánchez, presidente de la Cooperativa Las Marismas de Lebrija.
Para el presidente de la Cooperativa Las Marismas, la reforma de la PAC “tal como se está haciendo castiga mucho a Andalucía, sobre todo a las zonas productivas como el Bajo Guadalquivir”.
“El ministro de agricultura no puede discriminar de esta forma las tierras productivas y pretenden quitarnos ayudas a los que hemos estado produciendo toda la vida y haciendo inversiones, para dárselas a señores que no lo han hecho en otras comunidades autónomas y, eso, no debemos consentirlo Andalucía”, exponía Juan Sánchez.
“Andalucía solo tiene dos motores: el turismo, que ahora con la pandemia está muy mermado pero resurgirá porque tiene ayudas, y la agricultura que la están dejando”, añadía.
Por todo ello, Asaja, COAG y Cooperativas agro alimentarias han convocado una protesta y han realizado cortes en la N-IV a la altura de Lebrija.
500 tractores y 4000 agricultores han participado, según la organización, para exigir al ministro de Agricultura que modifique el Plan Estratégico de la PAC, que se aplicará del 2023 al 2027 y provocará pérdidas de 450 millones a los agricultores y ganaderos en Andalucía.
Además, los agricultores demandan un Plan de Choque que ponga coto al incremento de los costes o al menos contribuya a paliarlos; una revisión de los acuerdos comerciales para exigir la reciprocidad en las producciones de terceros y el incremento de las medidas de control en frontera, para evitar la entrada de plagas y exigir el cumplimiento estricto de los contingentes y las fechas de entrada; adecuar la legislación y los coste laborales a la realidad del campo; puesta en marcha de la Ley de la Cadena Alimentaria para que se garanticen uno precios en origen justos, y por último, las organizaciones convocantes exigen también la defensa y la dignidad de esta actividad que es fundamental para alimentar a la población.
