El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-IU) ha recibido al Comité de Empresa de la factoría Roca en Alcalá de Guadaíra en el ayuntamiento, en una reunión previa a la marcha que llegará este miércoles 3 al municipio, de donde proceden cinco de los trabajadores despedidos.
Dentro de las movilizaciones que los trabajadores realizan para denunciar la decisión de la empresa Roca de deslocalizar la producción de Sevilla, con el cierre de la planta de Alcalá de Guadaíra”, piden que se declare non gratos los productos de la familia Roca y que la Junta de Andalucía se persone como demandante, “por el engaño que hizo Roca con el desmantelamiento de Cerámicas Bellavista para asegurar la viabilidad de la fábrica en Alcalá”.
El alcalde ha les ha trasladado traslado públicamente el rechazo del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, como así se aprobó en pleno, “a las prácticas fraudulentas de deslocalización y cierre de empresas que, aún siendo viables, no dudan en despedir a cientos de trabajadores para irse a producir con costes mucho más baratos a otros lugares del mundo donde continúan explotando a los trabajadores y trabajadoras y violando las normas de derecho laboral”. Valle también abogó para la sociedad española lance un grito fuerte y unánime “porque estamos sufriendo las consecuencias claras y gravísimas de las continuas reformas laborales que nos vienen imponiendo los sucesivos Gobiernos de la Nación, en clara coordinación con las políticas que llegan de la Unión Europea y que nos están haciendo retroceder décadas en derechos laborales”.
Además el regidor señaló la necesidad de que “las distintas administraciones públicas legislen de una manera más severa, hagan un control estricto, persigan hasta el último céntimo y no duden en personarse en las causas a la hora de defender los intereses de los trabajadores”. Por último, animó a los palaciegos para que muestren su solidaridad y acompañen a los trabajadores de Roca en la marcha que llega este miércoles, sobre las 11.30 horas, a Los Palacios y Villafranca, procedente de Dos Hermanas, y leerán un manifiesto en la Plaza de Andalucía.
Juan Miguel Cueva, presidente del Comité de Empresa de la factoría Roca en Alcalá de Guadaíra por UGT, ha señalado que “la empresa se escuda en la crisis del ladrillo como argumento para cerrar la factoría de Alcalá de Guadaíra, lo cual es falso porque la producción de esta planta está destinada a Francia, Reino Unido, Alemania e Italia mientras que España recibe la producción de Marruecos, Portugal o Polonia. Además ha enviado al paro en tres años a más de 900 trabajadores andaluces y se ha llevado la producción de porcelana sanitaria a terceros países”.
Por su parte, Francisco Santiago Sierra, secretario general de Comisiones Obreras en Roca de Alcalá de Guadaíra, agradeció al alcalde el recibimiento, al igual que ha ocurrido en las ocho localidades afectadas por el cierre esta fábrica y explicó que “la empresa ha hecho un uso fraudulento de las prestaciones de los trabajadores porque a sabiendas de que estábamos en un expediente de suspensión que negociamos el 29 noviembre nos incluyó en un expediente de extinción en diciembre”.
Sierra destacó además que han “necesitado una resolución de la inspección de trabajo de Sevilla para acceder a las informaciones que requeríamos a la empresa y en estos documentos -afirman haber- detectado gran número de contradicciones como son que en los últimos cinco años la plantilla de Sevilla se ha reducido un 42% sin embargo la producción ha aumentado un 10 %, siendo el centro más productivo y rentable de Roca y los que menos cobramos en Roca España por lo tanto no se trata de un cierre económico sino ideológico”.
El representante de CCOO puso de manifiesto que “Roca solicitó hace unos años un crédito sindicado por valor de 398 millones de euros que ha utilizado para expandir sus fronteras más allá de mercado español. Ya que, según informaciones de la propia empresa, ha gastado 35 millones en una nueva planta en Brasil, donde cuenta con otras siete, con una capacidad productiva de 4 millones y medio piezas, la misma que todas las plantas españolas juntas”. Francisco Santiago Sierra destacó que “contra eso es imposible competir, toda vez que se ha llevado casi 400 millones de euros de los españoles y sigue especulando con el sector inmobiliario en otros países, a eso le tiene que poner coto la justicia española”.
