El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ha dictado sentencia absolutoria para la que fuera concejal del Partido Andalucista y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Utrera, María Dolores Pascual, denunciada en el año 2004 por el Grupo Municipal Socialista. La causa se inició a raíz de la firma, como alcaldesa accidental, de un decreto de licencia de obras para la rehabilitación de un inmueble situado en la calle Sevilla nº 31, destinado a uso hostelero.
El PSOE de Utrera presentó entonces la documentación ante la Fiscalía y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, considerando que podían existir indicios de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Tras un largo proceso judicial, el juicio se celebró finalmente el pasado 9 de octubre, con la participación de diversos testigos y funcionarios tanto municipales como de la Junta de Andalucía.
Según la sentencia, el inmueble objeto de la licencia “no tiene protección singular por su valor histórico, artístico o cultural”, tal y como confirmaron en el juicio los técnicos de la Junta. El fallo recoge además que “el edificio de la calle Sevilla no puede considerarse como singularmente protegido por no cumplir con los requisitos señalados en la Ley 16/85 sobre Patrimonio Histórico”. De este modo, el tribunal concluye que no se ha cometido ningún delito por parte de la acusada.
Un procedimiento demorado durante dos décadas
La resolución judicial pone fin a un procedimiento iniciado hace más de veinte años. En declaraciones posteriores al fallo, el alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, señaló que el proceso “ha supuesto una carga emocional importante” para la exconcejala y recordó su “trayectoria y servicio público” durante su etapa en el Ayuntamiento. También manifestó que el proyecto de rehabilitación “tenía como finalidad la creación de puestos de trabajo y riqueza en la ciudad”.
El regidor utrerano añadió que la sentencia “cierra un capítulo que se ha prolongado durante demasiado tiempo” y defendió la “honorabilidad” de Pascual en su gestión. Por su parte, fuentes municipales destacan que la decisión judicial deja definitivamente zanjado el asunto y confían en que sirva para “pasar página” tras dos décadas de tramitación.
