El PSOE de Utrera ha denunciado que la gestión de las piscinas municipales —tanto la cubierta como la de verano— se habría realizado sin contrato desde julio de 2023, alcanzando un volumen económico superior a los 2,3 millones de euros. Según la información difundida por el grupo socialista, esta cifra incluiría tanto los pagos efectuados por el Ayuntamiento como los ingresos obtenidos directamente de los usuarios.
De acuerdo con los datos aportados por el PSOE, alrededor de 600.000 euros corresponderían a la recaudación por entradas, abonos y cursos, cantidades que, según sus estimaciones, fueron percibidas por la empresa concesionaria sin constar control ni fiscalización municipal. A ello se sumarían unos 1,7 millones de euros abonados desde las arcas públicas durante el mismo periodo.
Los socialistas atribuyen esta situación al mandato del actual alcalde, Francisco de Paula Jiménez Morales (PP), a quien acusan de haber permitido que una empresa gestionara servicios públicos sin contrato en vigor. En su comunicado, el PSOE sostiene que la falta de informes de fiscalización, auditorías o liquidaciones internas, así como la ausencia de respuesta a las peticiones de información cursadas al gobierno local, evidenciarían una carencia de control y transparencia institucional.
Falta de expediente de contratación
Desde el PSOE se afirma además que parte de los pagos podrían incluir gastos de inversión o reparaciones realizadas sin expediente de contratación, lo que, de confirmarse, supondría una infracción de la Ley de Contratos del Sector Público. El partido solicita que se determinen las posibles responsabilidades administrativas, económicas o penales derivadas de estos hechos, y ha anunciado su intención de trasladar la documentación a la Fiscalía y a los órganos fiscalizadores competentes.
La situación, según fuentes socialistas, ha generado tensiones internas en el equipo de gobierno del Partido Popular. En una reunión celebrada la pasada semana, en la que se acordó el cierre de las piscinas municipales a partir del 17 de noviembre, ni el delegado de Deportes ni el exdelegado de Hacienda participaron, lo que, según el PSOE, evidenciaría un distanciamiento político respecto al alcalde.
