Un gran revuelo se ha apoderado en la mañana de este miércoles 19 de los vecinos de la barriada de San Joaquín, que contemplaban atónitos como varias máquinas derruían el campo de fútbol construido en la zona. Se trata del comienzo de los trabajos necesarios para restablecer el estado inicial de los terrenos que el Ayuntamiento de Utrera tiene que devolver a su legítima propietaria, la marquesa de Santaella, tal y como establece la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Utrera emitida en 2011.
Pero no ha sido el Ayuntamiento el que ha iniciado los trabajos, tal y como le corresponde según la sentencia, sino la parte afectada afirma que “obligados por la falta de respuesta, alternativas y soluciones ofrecidas por el alcalde”. Así lo reconocía en este mismo lugar el hijo de la propietaria, Borja Soto Patiño, quien insistía en que “los propietarios jamás han querido perjudicar a los vecinos y para ello llevamos 7 años tratando de llegar a un acuerdo amistoso con el ayuntamiento, pero siempre nos ha dado largas cambiadas”.
En este mismo sentido acusa al alcalde, Francisco Jiménez, de “velar por sus intereses antes que por el de los vecinos”. Borja ha aclarado que aunque la parte afectada se haya visto obligada a tomar las riendas, el coste de los trabajos deberán ser financiado por el ayuntamiento, tal y como establece la sentencia.
La orden pesa sobre el campo de fútbol, el parque infantil, la casetilla y los viarios (carreteras) que cruzan la barriada, en total 10.606 metros cuadrados de terreno situados en pleno barrio de San Joaquín, entre las calles Francisco Salcillo, Menéndez Pidal y Echegaray. Estos terrenos fueron adquiridos en 1980 por el marquesado a al entidad Urbanizadora Béjar, la misma que según el consistorio cedió los terrenos al ayuntamiento en 1979, como parte de los compromisos enmarcados un proyecto urbanístico que se forjó en 1974.
La propietaria, María Dolores Patiño Arróspide interpuso una denuncia de “apropiación indebida en 2009, y se hizo firme en 2011 con el fallo del tribunal a su favor. Según ha explicado a UVITEL su abogado, Fernando Rodríguez “en 2012 llegó al ayuntamiento un nuevo requerimiento de ejecución con un plazo establecido de un mes, que ya ha rebasado en cinco meses”. Desde entonces, afirma “han sido muchas las reuniones y escasa la colaboración del alcalde, sin propuestas ni soluciones por su parte, motivado según me consta a que así se lo habían aconsejado sus asesores”.
Pese al conflicto que generado, Borja deja una puerta abierta a la negociación y el acuerdo, para el que hace un llamamiento al alcalde. “Si el alcalde no puede reunirse por los motivos que sea, que envíe a un representante con capacidad de decisión para que lleguemos a una solución que beneficia a todas las partes”, afirmaba.
Todas estas explicaciones se las dio frontalmente a los vecinos allí congregados, que mostraban su preocupación sobre que pasará con las calles y el acceso a sus viviendas si esto sigue adelante. Soto Patiño anunció que “por respeto a ello paralizará los trabajos y dará un plazo de una semana al ayuntamiento para que responda, de lo contrario continuarán”.
Por su parte, los vecinos han manifestado su intención de personarse en la mañana del jueves 20 ante las puertas del ayuntamiento para reclamar explicaciones.
Al conocer estos acontecimientos, el consistorio envió inspectores y policía al lugar para paralizar los trabajos “al no contar con licencia para ser ejecutadas”.
