Cruce de declaraciones sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio de Utrera entre el gobierno local y delegados sindicales de UGT. La delegada de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, Alba Padilla, defendió esta semana el funcionamiento del servicio y el cumplimiento del convenio colectivo, mientras que representantes sindicales han respondido públicamente reclamando mejoras laborales y cuestionando algunos aspectos de la gestión actual.
Alba Padilla defiende el Servicio de Ayuda a Domicilio
Padilla compareció en rueda de prensa para trasladar, según indicó, “información rigurosa y contrastada” sobre la situación del Servicio de Ayuda a Domicilio tras las informaciones difundidas en torno a supuestos incumplimientos relacionados con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La delegada señaló que desde la Delegación de Servicios Sociales no constaba ninguna denuncia formal presentada por sindicatos o trabajadoras y recordó que el servicio cuenta con unas 220 trabajadoras y una empresa adjudicataria que, según afirmó, “lleva dos años prestando un servicio de calidad”.
Según explicó la responsable municipal, tras la publicación de dichas informaciones se recibieron dos reclamaciones relacionadas con reducciones salariales. Tras consultar con la empresa adjudicataria, responsables técnicos y servicios jurídicos municipales, el Ayuntamiento concluyó que esas disminuciones respondían al descuento proporcional de horas no trabajadas que posteriormente debían recuperarse conforme al convenio colectivo del sector.
Padilla sostuvo que el convenio establece que, si una trabajadora rechaza en tres ocasiones recuperar las horas pendientes, en el cuarto mes puede aplicarse el correspondiente descuento en nómina. Por ello, insistió en que “el Salario Mínimo Interprofesional se está cumpliendo” y recordó que el Ayuntamiento debe ajustarse al Convenio Provincial de Sevilla y a la normativa vigente.
La delegada también defendió la actuación del actual equipo de gobierno en relación con el contrato del servicio, asegurando que fue el ejecutivo encabezado por Francisco Jiménez el que impulsó un nuevo pliego tras años de prórrogas forzosas durante el anterior mandato. Asimismo, afirmó que se intentaron incorporar mejoras planteadas por sindicatos y trabajadoras, como un incremento del “precio hora”, aunque indicó que estas medidas no prosperaron por cuestiones normativas.
En cuanto a la municipalización del servicio, Padilla aseguró que el estudio realizado por el Ayuntamiento concluyó que dicha opción era “inviable”, subrayando que el compromiso del gobierno local era estudiar esa posibilidad, pero no garantizar su implantación.
Comunicado de la UGT en respuesta a Alba Padilla
Tras estas declaraciones, delegados de UGT han emitido un comunicado en el que aseguran que siempre han actuado “con total claridad y transparencia” y cuestionan algunos de los argumentos expuestos por la delegada municipal.
Según explican los representantes sindicales, el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores establece que las horas generadas en negativo por causas imputables a la empresa no deberían ser devueltas ni descontadas a la plantilla. Además, señalan que las bolsas de horas caducan cada cuatrimestre natural, circunstancia que, según indican, genera “malestar, problemas y falta de conciliación”.
UGT sostiene también que, según el convenio, la empresa debe ofrecer servicios para recuperar dichas horas al menos en dos ocasiones y que, en caso de rechazo, únicamente deberían descontarse las horas ofertadas y no el total acumulado. Los delegados sindicales afirman que actualmente se estaría descontando el total de horas pendientes tras esos rechazos.
En su respuesta, el sindicato añade además que, según su versión, no siempre se estarían cumpliendo otros aspectos recogidos en el convenio, como el pago del plus de disponibilidad, el descanso mínimo de doce horas entre jornadas o la no fragmentación de jornadas parciales en determinados casos.
Asimismo, los representantes sindicales aseguran que durante la subrogación de la plantilla la empresa remitió contratos con un anexo en el que se recogía que las horas complementarias serían abonadas y cotizadas a la Seguridad Social, algo que, según denuncian, “no se está cumpliendo desde el inicio de la empresa en el servicio”.
UGT también critica que, según afirma, a estas alturas del año aún no se habría entregado la uniformidad prevista en el pliego de condiciones para la plantilla. Del mismo modo, los delegados recuerdan declaraciones realizadas en anteriores mandatos sobre la posible municipalización del servicio y sostienen que representantes del actual gobierno local llegaron a expresar públicamente su compromiso con esa posibilidad.
Finalmente, el sindicato asegura que, tras conocerse el estudio de viabilidad negativo para la municipalización, propuso negociar un convenio propio entre Ayuntamiento y trabajadores para facilitar una transición progresiva del servicio. Los representantes sindicales concluyen mostrando su disposición a “sentarse y negociar públicamente unas mejoras que dignifiquen el servicio de ayuda a domicilio y a toda la plantilla”.
