Desde el Grupo Político Municipal del partido Unión Progreso y Democracia de Utrera (UPyD), representado por Isabel González Blanquero, quieren mostrar en nota de prensa la consternación tras haber estudiado de forma pormenoriza el reciente informe de la Fiscalía de Sevilla, el cual señala graves irregularidades económicas en la gestión de la empresa pública utrerana Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera, S.A. (PRODUSA). Por ello, esperan que todos los antiguos miembros del Consejo de Administración de la citada empresa pública que formen parte de la actual Corporación Municipal puedan explicar en el próximo Pleno Municipal Ordinario, de una vez por todas y de forma razonable, las causas de éstas graves irregularidades detectadas por la Fiscalía en su correspondiente auto al Juzgado de lo Mercantil.
Desde la formación quieren aclarar que no son ellos sino la propia Fiscalía de Sevilla quien ha señalado a los supuestos responsables de los desmanes en la gestión de PRODUSA, ya que, pese a “nuestras numerosas peticiones en sucesivos plenos municipales, apenas habíamos recibido información relevante sobre dicha gestión.” Por ésta razón, esperan que la Justicia ayude a esclarecer los numerosos interrogantes que rodean a este asunto, los cuales no sólo han llevado a la quiebra y al consiguiente perjuicio económico de la propia PRODUSA como tal, sino que han afectado a determinados colectivos de ciudadanos. “Dependiendo de la respuesta que se nos dé y de la información que recibamos, desde UPyD de Utrera tenemos pensado actuar sin miramientos contra los presuntos responsables de éstos atropellos con tal de así acatar los pronunciamientos judiciales.”
Creen que la razón fundamental de que se haya producido éste asunto radica en la propia presencia de los cargos políticos al frente de los consejos de administración de las empresas públicas, razón por la cual desde este partido se ha renunciado siempre a formar parte de dichos organismos. Para UPyD, el caso de PRODUSA es un ejemplo más de los casos que se están dando en numerosas cajas de ahorros y empresas públicas que gestionadas directamente por representantes políticos en lugar de por gestores especializados en la materia, con las ulteriores consecuencias de ésta nefasta gestión fruto de la falta de criterios profesionales. Por ello, “confiamos plenamente en el veredicto que la Justicia, a través del Juzgado de lo Mercantil, pueda tomar en relación con éste lamentable asunto y actuaremos en consecuencia contra aquellos que hayan sido responsabilizados.”
