El Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla ha dado la razón a los ex profesores de las aulas de la Casa de la Cultura, obligando al Ayuntamiento, mediante sentencia, a readmitirlos o en su defecto indemnizarlos con una cuantía cercana a los 100.000 euros. Así lo han hecho público los denunciantes en un comunicado remitido a UVITEL y firmado por cada uno de ellos.
Con esta sentencia, afirman, “se pone fin al calvario que han venido sufriendo los profesores, quienes año tras año se veían obligados a superar pruebas, presentar proyectos y mantener entrevistas para acceder al puesto de trabajo”, siendo según sus palabras “los trabajadores que más veces han acreditado su valía para poder trabajar en este Ayuntamiento, donde llevaban en algunos casos hasta más de veinte años seguidos”.
Los derechos que entendían adquiridos durante este tiempo les llevaron a denunciar “un despido injusto, un fraude legal y un ataque a su dignidad” que se originó según explican “cuando la concejal de Cultura, Mª José García Arroyo, decidió enviar al paro a todos los profesores, expresando su preferencia por la renovación del profesorado con objetivos desconocidos”.
Ahora, la justicia les da la razón con una sentencia a su favor, sobre la que también se ha pronunciado la delegada local de Cultura. Esta afirma que “el ayuntamiento ya sabía que la dura decisión tomada tendría estas consecuencias, pero era la única vía que garantizada la continuidad del servicio”. Además, explica que “a los profesores se destinaba un presupuesto anual de unos 150.000 euros, de manera que con una anualidad quedará zanjado el asunto y con el sobrante se sufragarán las aulas, sin que suponga perjuicio para las arcas municipales”.
García Arroyo explica que “lo que se hizo fue sacar un pliego de condiciones para que se presentaran las empresas que quisieran optar a la gestión del servicio porque la ley obligaba al consistorio que si continuaban los profesores había que hacerlos fijos, y engordar la plantilla municipal en estos tiempos no era posible”. Asimismo asegura que “ya entonces ofrecieron alternativas a los profesores para que se constituyeran como cooperativa o empresa y pudieran acceder a las plazas”.
Por último, la edil de Cultura, explica que “la nueva fórmula otorga una mayor flexibilidad a la hora de adaptar la oferta a la demandad de cursos, ya que se sacará un pliego cada año y tanto las disciplinas como el profesorado podrán variar en función de las solicitudes”.
