El Partido Andalucista de Utrera presentará en el próximo pleno ordinario correspondiente al mes de enero una moción en la que se exige al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la retirada del anteproyecto de la llamada “Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”.
Para el PA, esta ley, que ya ha iniciado su trámite parlamentario al haberse aprobado su anteproyecto en diciembre de 2013, supone un grave retroceso en los derechos de la mujer, derogando la norma de 2010 que permitía a la mujer interrumpir el embarazo en las primeras 14 semanas para reducir los supuestos de aborto de manera muy restrictiva. En este sentido, solo los casos de violación (siempre que haya sido denunciada) y grave peligro para la salud de la mujer, certificada por dos profesionales médicos de dos centros distintos, serán admisibles como motivo de aborto.
Según la delegada encargada del Área de la Mujer, María Dolores Pascual, “el hecho de que circunstancias como la presencia de graves malformaciones o enfermedades en el feto no sean tomadas en consideración como motivo de interrupción del embarazo nos resultan fuera de toda lógica, imponiendo a la mujer su papel de madre, sea deseado o no”.
Para la formación “el anteproyecto se muestra tan radical e intransigente que ni siquiera considera un motivo para interrumpir el embarazo el hecho de que el feto tenga un problema de salud que vaya a producirle la muerte nada más nacer.”
En el Partido Andalucista consideran que esta ley es “machista y arcaizante, puesto que vulnera los derechos fundamentales de la mujer, condicionando sus decisiones, responsabilidades y trayectoria vital.”
Además, en el PA estan convencidos que esta Ley no cumplirá su objetivo, pues las interrupciones del embarazo se seguirán produciendo, pero con un cambio fundamental: en lugar de realizarse en condiciones médicas seguras, se harán bien en el extranjero (siempre que la interesada pueda permitírselo económicamente) o bien en la clandestinidad, sin garantías higiénicas y con el consiguiente riesgo para la mujer. Incluso se penaliza la figura del médico que practica la interrupción del embarazo, pues el anteproyecto contempla penas de hasta tres años de prisión e inhabilitación profesional.
El anteproyecto de ley ha causado un rechazo generalizado en la sociedad española. En el Partido Andalucista “nos declaramos abiertamente contrarios a que este anteproyecto llegue a convertirse, tras su trámite parlamentario, en Ley. Entendemos que este es el sentir general de la inmensa mayoría de los españoles; incluso en Europa se ve con desaprobación esta medida (resulta alarmante que el único partido europeo que la haya aplaudido sea el Frente Nacional de Le Pen, en Francia).”
