La alcaldesa accidental, Mª Dolores Pascual y miembros del Equipo de Gobierno, se reunieron el pasado viernes con una representación de los vecinos de la barriada de San Joaquín con el objetivo de informarles de las actuaciones que el consistorio está llevando a cabo para la recepción de la citada barriada, así como tranquilizarles ante la amenaza del propietario de los terrenos de regresar este miércoles a la zona para desmantelar el campo de fútbol.
Este encuentro se acordó ya pasado miércoles, cuando la alcaldesa y concejales de gobierno acudieron a San Joaquín y acordaron con los vecinos hacerles entrega de la documentación que posee el ayuntamiento, así como unos compromisos firmados. La concejala de UPyD, Isabel González Blanquero, estuvo presente en la reunión inicial por lo que también ha acudido a ésta.
Los antecedentes de este conflicto arrancan en 1974 cuando se inician los proyectos de edificación en la barriada de San Joaquín. En 1980 se sacan a subasta los terrenos citados y son adquiridos por D. Manuel de Soto y Carvajal. Esos terrenos, desde 1974 figuran catalogados como urbano y equipamiento de zona verde. A raíz de 2001, con el Plan General de Ordenación Urbana, se ratifica esta calificación y se añade la de zona de deportiva.
Sobre la titularidad de los terrenos, el equipo de gobierno explica que “aunque se reconoce en una sentencia que son propiedad de la viuda del señor Soto, la marquesa de Santaella, la misma sentencia expresa que esos terrenos son los que el Ayuntamiento de Utrera debió percibir en su momento como compensación por las edificaciones ejecutadas. De ahí que, en el momento en que se proceda a su recepción definitiva por parte del consistorio, proceso que actualmente está iniciado, dejan de ser propiedad de la viuda de Soto”.
El alcalde, Francisco Jiménez, afirma que lleva años negociando está tramitación, “proceso que se ha visto demorado como consecuencia de los diferentes litigios. Entre otras cuestiones, en las diferentes sentencias judiciales se recoge que los actuales propietarios de los terrenos no pueden pedir lucro cesante, es decir no pueden reclamar un dinero o indemnización por no poder haber hecho uso de los terrenos, ya que la propia calificación de los mismos como zona de equipamiento no permite negociar con ellos”.
Además de la sentencia actual existen otras dos sentencias: la primera de septiembre de 1988 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que se da la razón en todos los términos al Ayuntamiento de Utrera y, otra posterior tras apelación de la propiedad, en la que el Tribunal Supremo vuelve a fallar a favor del Ayuntamiento de Utrera de ambas sentencias. El regidor local lamenta que “desgraciadamente, el Partido Socialista, que gobernó Utrera con mayoría desde 1979 hasta 2003, no hiciera efectiva la recepción de la barriada. En aquellos momentos hubiera sido un trámite mucho más sencillo al contar con las citadas resoluciones judiciales, pero ni siquiera se prestó atención a estas sentencias que acabaron perdidas en el Archivo Municipal, encontrándose años después, cuando el actual Gobierno Municipal había iniciado un nuevo litigio con los propietarios y no se podía hacer uso de las mismas”.
Sobre la situación actual, explica, “el consistorio lleva años intentando negociar con los propietarios, algo a lo que estos se han negado y reclaman al ayuntamiento 3 millones de euros por unos terrenos que en el momento en que se le finalice la recepción son propiedad de todos los ciudadanos de Utrera”.
El alcalde, Francisco Jiménez, se ha negado en todo momento a lo que considera “un chantaje a los vecinos de San Joaquín y a los utreranos”. Por ese motivo, los propios abogados de la propietaria amenazaron con poner a los vecinos en pie de guerra, que se manifestaran ante el ayuntamiento y crear un conflicto político.
Desde el Gobierno Municipal se considera que “la manera en que se ha pretendido conseguir esto ha sido hacer un alarde de fuerza el pasado 19 de junio, para asustar a los vecinos, diciéndoles incluso que les iban a cerrar las calles. Por ello, recuerdan que para cualquier trabajo, demolición o movimiento de tierras, la propiedad necesita una licencia municipal de la que actualmente carece”.
Por su parte, la alcaldesa ha recordado que el proceso de recepción de la barriada ya se ha iniciado y en breve los propietarios tendrán que comparecer ante notario. En caso de no comparecer, esto no paraliza el procedimiento.
A los vecinos de San Joaquín se les ha hecho entrega de todas las sentencias que posee el Ayuntamiento relativas a este procedimiento, así como un documento, firmado por la alcaldesa en funciones, en el que se recogen una serie de compromisos, tales como:
Que ante la amenaza realizada por la propiedad de regresar a la barriada con las maquinas el próximo miércoles, 26 de junio, se informa a los vecinos que ese día estarán prevenidas y presentes en la barriada las Fuerzas del Orden Público, así como los propios inspectores municipales para impedir cualquier acción que se pretenda realizar sobre los terrenos.
La alcaldesa accidental, Mª Dolores Pascual González, se compromete públicamente ante los residentes de San Joaquín a que la recepción definitiva de la barriada, proceso que ya está iniciado, se culmine en el menor plazo de tiempo que permita el procedimiento, siendo en este momento prioridad absoluta para el Gobierno Municipal y los técnicos municipales encargados de su tramitación.
Mientras eso ocurre, bajo ningún concepto se permitirá ninguna actuación sobre los terrenos que pueda suponer un menoscabo de las zonas de equipamiento y, menos aún, ninguna acción que pueda perturbar la tranquilidad de los vecinos o sea susceptible de amenaza.
