Parece ser que el inmueble en estado ruinoso de la calle Doctor Pastor tiene ya los días contados ya que el pasado 21 de abril se aprobaba el decreto por el que se exige a sus propietarios la presentación del proyecto de demolición y su ejecución, con un plazo de 45 días para ejecutarlos.
La calle Doctor Pastor lleva cerrada al tráfico desde el verano de 2020 debido al lamentable estado del inmueble número 36.
Como ha explicado el delegado municipal de Urbanismo, Manuel Romero, esta vivienda fue en esas fechas objeto de un expediente de tramitación urgente para garantizar las condiciones de seguridad, mediante apuntalamientos, «ya que por la propiedad no se llevó a cabo ninguna de las medidas solicitadas, priorizándose, así, la seguridad de las personas como bien superior».
Posteriormente se emitió una orden de ejecución dirigida a los propietarios, exigiéndoles un proyecto de rehabilitación para reabrir la calle y recuperar la normalidad.
«Esta situación, que a ninguno nos parece agradable, se ha alargado más de lo normal debido a la situación de la propiedad. Dividida en dos partes, entre una entidad y un grupo de personas físicas por lo que no ha sido fácil ni contactar ni conseguir su actuación», ha declarado Romero.
«Por tanto, en diciembre de 2022 solicitamos un informe técnico municipal donde se califica a la edificación en una situación de deterioro bastante avanzado por el transcurso del tiempo y que las obras necesarias para devolver la estabilidad y seguridad estructural superan el límite del deber normal de conservación, procediendo la incoación de procedimiento de declaración de ruina urbanística», comentó Manuel Romero.
Así, este inmueble del centro histórico pero que no está catalogado ni posee protección, obtuvo también el dictamen favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico del pasado mes de abril para su demolición.
«Por consiguiente, el pasado 21 de abril pudimos emitir ya el decreto de ruina urbanística con orden de demolición, dándoles 45 días (tal como marca la Ley) a contar desde su notificación para que presenten la correspondiente licencia de demolición», concluyó Manuel Romero.
De no darse cumplimiento una vez pasado dicho plazo, que previsiblemente cumplirá en torno a junio o julio, lo hará el Ayuntamiento a su costa, o resolverá la sujeción del inmueble al régimen de venta forzosa o al régimen de sustitución forzosa, según disponga la normativa.
