Ante el que será ya el último pleno del Ayuntamiento de Utrera en este año, la concejal y portavoz del grupo municipal Utrera+, Isabel González, ha anunciado su intención de proponer una moción “para solicitar a la Diputación Provincial de Sevilla a que vuelva a convocar otra nueva línea de ayudas destinadas a los autónomos, tal y como ha ido haciendo en los años anteriores”.
Dicha moción se argumenta ante la tesitura actual de crisis económica y energética que continúa ocasionando graves perjuicios sociales y económicos tanto entre la ciudadanía en general como a los diferentes colectivos de trabajadores autónomos y a las pequeñas empresas en particular.
“Por ello se hace necesario que desde la Diputación Provincial se sigan ofertando todavía este tipo de ayudas para evitar la progresiva desaparición de los pequeños negocios”, expone González.
Esta petición vendría dada por el hecho de que la también delegada municipal de Reactivación Económica, Empleo y Recursos Humanos ha ido observando “los importantes retrasos que, desde el inicio mismo del presente ejercicio económico, vienen afectando a los procesos de ejecución íntegros de una buena parte de los programas y proyectos locales” que se encuentran subvencionados a través de los respectivos planes Contigo, Actúa y de Recuperación, Transformación y Resiliencia, todos ellos impulsados desde la propia Diputación Provincial.
“Unos retrasos que se están manifestando concretamente en la línea de ayudas dirigida a los trabajadores autónomos para poder paliar, siempre en la medida de lo posible, el fuerte incremento de los gastos energéticos y de alquiler sobre sus respectivos negocios y que a menudo termina obligando a muchos de ellos al cierre”.
Es por eso mismo que, para Isabel González, las administraciones públicas no sólo pueden hacer algo al respecto sino que forma parte de su propio deber el tratar de encontrar soluciones para poder hacer frente a la actual situación que atraviesan dichos colectivos sociales, siempre que éstas se encuentren dentro del ámbito de sus competencias institucionales, “poniendo en marcha todos aquellos mecanismos que se vean necesarios para disminuir, aunque sea de forma temporal, las consecuencias negativas sobre la ciudadanía”.
“A la espera de que se vaya produciendo una estabilización entorno a los precios de los productos, servicios y materias primas, con el objetivo de así poder evitar la desaparición definitiva de aquellas profesiones y comercios minoristas que, por su cercanía, terminan suponiendo un servicio de proximidad difícilmente reemplazable, aparte de ayudar también a reducir la pérdida de empleos”, ha añadido Isabel González.
