Parece ser que el litigio que se mantenía entre el Ayuntamiento de Utrera y el Marquesado de Santaella ha llegado ya a su fin. El Juzgado de Instrucción número 4 de Utrera ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por María Dolores Patiño Arrospide y considera que “la actuación del Sr. Alcalde querellado, no la podemos calificar de injusta y arbitraria en los términos antes indicados, por lo que procede confirmar la resolución adoptada en la instancia, que estimamos correcta y ajustada a derecho y a las circunstancias concurrentes en el presente caso“. Dicha resolución es firme y contra ella no procede recurso ninguno.
Francisco Campanario, portavoz municipal, ha declarado que “se cierra así un feo capítulo en la historia del Ayuntamiento de Utrera en la que se intentó robar el patrimonio de los utreranos“. Además, ha añadido que “el Consistorio va a seguir respondiendo a sus obligaciones, pero sin presiones de ningún tipo”.
Hay que recordar que en 2013 se condenó al Ayuntamiento de Utrera a restituir a la marquesa de Santaella una finca de la barriada de San Joaquín y sacar de la misma el campo de fútbol y el parque infantil que habían sido instalados en tal parcela. Posteriormente, el entonces alcalde, convenió de forma extrajudicial la compra de la parcela situada en dicha barriada a cambio de una compensación económica de 50.000 euros y unas parcelas situadas en la trasera del Colegio Salesianos.
En junio del año pasado el Marquesado volvió a arremeter planteando una querella contra José Mª Villalobos, alcalde de la localidad, por “no cumplir con lo pactado anteriormente”. Entonces, el portavoz municipal declaraba que “el Ayuntamiento de Utrera va a cumplir con lo pactado siempre, pero sin presiones”.
Ya en enero de este año se archivó la demanda, que fue desestimada definitivamente por el Juzgado de Instrucción número 4 de Utrera el pasado 8 de noviembre.
Campanario ha vuelto a recordar que “Utrera puede estar tranquila porque cuenta con un Alcalde y un equipo de gobierno serio, que cumple y que se ajusta a la legalidad” y que “vela por los intereses de todos los utreranos, protegiendo el patrimonio de todos y que antepone los intereses generales a los particulares”.
