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UPyD Utrera se suma al manifiesto por la regeneración de la democracia y la refundación del Estado

Unión Progreso y Democracia de Utrera se suma al Manifiesto por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado, que recoge una serie de reclamaciones para afrontar la «situación de emergencia nacional que vivimos, la extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos políticos de gobierno y oposición, que han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático».

Frente a ello se plantean el objetivo de «devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado y la regeneración democrática».

Para conseguirlo, tal y como plasma el manifiesto y comparte UPyD, consideran imprescindible «aprobar de modo inmediato Leyes eficaces contra la corrupción, reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público de la actividad económica privada y pública, como el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria o el Banco de España, acabando con su dependencia de los partidos políticos y del Gobierno. Aprobar una Ley de Transparencia exigente que incluya a la Casa Real, a los partidos políticos y sindicatos, y a cualquier institución que reciba ayudas públicas. Implantar una auténtica justicia independiente, acabando con el reparto del CGPJ entre las asociaciones de magistrados dependientes de PP y PSOE u otros partidos, y dotando a la administración de justicia de medios humanos y materiales suficientes. Aprobar una Ley Electoral justa y proporcional y reformar la Constitución para que recoja las propuestas ciudadanas y resuelva el modelo territorial del Estado con el reparto de competencias y su financiación.

Con todo ello, UPyD Utrera pide «un Pacto de Legislatura en el que los principales partidos parlamentarios se comprometan públicamente a aprobar por vía de urgencia estas reformas legales y a modificar la Ley Electoral para, a continuación, proceder a la convocatoria de Elecciones Generales para abrir un periodo constituyente que ponga nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo ciudadano».

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