La moción reclama al Gobierno de España que solucione urgentemente el colapso del FOGASA., y realice los pagos correspondientes a los trabajadores, de acuerdo a la Ley; y, en segundo lugar, solicita al Gobierno que rectifique su postura y revoque la modificación del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, modificado en el Senado por el Partido Popular, para que devuelva el derecho a los trabajadores de las PYMES a acudir al FOGASA.
Este segundo punto del acuerdo es el que ha motivado el “no” del Partido Popular y la abstención de los andalucistas. La portavoz del PP, Paqui Fuentes, solicitó la retirada de este punto, ya que el cambio del artículo 33 está justificado porque: “así las empresas solventes no van a despedir a los trabajadores tan fácilmente, y si lo hicieran, que paguen los empresarios las indemnizaciones y los salarios atrasados, y no todos los españoles.”
Para los socialistas, en la nota de prensa, esta respuesta “encierra dos falsedades (entiéndase: dos mentiras) y un gran desconocimiento de cómo se financia el FOGASA.”
Primera aclaración: la reforma laboral del PP, según los socialistas, es la que ha abierto un abanico de posibilidades para despedir a los trabajadores de forma justificada: por ejemplo, la disminución de ingresos por parte de la empresa (aunque sean mínimos) lo que no significa que la empresa sea solvente. De hecho, “los rumores” de que el PP iba a modificar este artículo ha propiciado numerosos despidos de trabajadores en las PYMES previendo que no les obligara la ley a indemnizar el 100% del despido íntegro, y que signifique la ruina completa de los empresarios.
Segunda aclaración: cuando paga el FOGASA “no pagamos todos los españoles”, como dice el Partido Popular, puesto que a los trabajadores se les retiene en sus nóminas y de su sueldo un porcentaje destinado al Fondo de Garantía Salarial. Además, los años de bonanza económica, el FOGASA ha llegado a tener superávit cuatro veces mayor que su gasto anual, como en 2003 con un montante de 4.570 millones de €, que se han invertido en deuda pública y reportado beneficios. Por ello, si en momentos de necesidad el Estado tiene que aportar, como el año 2013, ya que el Fondo de Garantía había tenido remanentes en años anteriores, es su obligación; aunque en realidad, lo que no hizo correctamente el Gobierno fue no aumentar la cantidad necesaria destinada al FOGASA en 2012 y 2013, en palabras del PSOE.
Para la formación, este discurso “engañoso es al que recurre desde hace tiempo el PP para justificar con datos e interpretaciones falsas cualquier asunto, como el manido de las prestaciones por desempleo, a la que los trabajadores tienen derecho simplemente, por que las han cotizado, se les ha retenido de sus salarios en las nóminas, de su dinero: no es caridad.”
Por su parte, el Partido Andalucista argumentó que se abstenía, por que consideraba que los beneficiados van a ser los trabajadores de las PYMES, al estar obligados a pagar los empresarios la totalidad de los salarios y las indemnizaciones por despido improcedente. PSOE pregunta “¿Alguien piensa en el número de trabajadores que van a recibir ese 100% de una empresa que se declara insolvente? ¿Acaso no cotizan por igual los trabajadores de las PYMES que de las grandes empresas? ¿Es justo menospreciar a los empresarios que soportan el mayor número de contrataciones, al tejido empresarial más importante de nuestro país condenándoles a la ruina? Parece que no han informado bien, o que era preferible ponerse de perfil.”
Para la formación “quizás se trataba, simplemente, de no reclamar al PP en Madrid, una solución que afecta duramente a un número elevado de utreranos y utreranas, trabajadores y empresarios de PYMES (mayoritarios en Utrera) y que merecen nuestro respaldo y amparo, porque es a quienes representamos en el Pleno de Utrera, y sus derechos son los que tenemos que defender.”
