El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, ha comparecido en rueda de prensa para informar de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha dado la razón al Ayuntamiento en relación con la licitación del nuevo contrato de recogida de basura y limpieza urbana.
Se trata del cuarto recurso presentado sobre este asunto por el exalcalde y portavoz del PSOE en Utrera, José María Villalobos. El Tribunal ha decidido imponerle una sanción de 1.500 euros al apreciar “temeridad” en su actuación.
El Tribunal aprecia “temeridad” en la actuación de Villalobos
Según recoge la resolución, se considera que ha existido una “impugnación sucesiva de los pliegos, reiteración de cuestiones ya resueltas o que pudieron recurrirse antes, alegaciones vagas y una utilización del recurso que no encaja con su finalidad útil”.
El órgano también señala que la presentación del recurso “ha incrementado de modo abusivo la carga adicional de asuntos que ya soporta este órgano”, añadiendo que “deben ser sancionadas las actuaciones de aquellos recurrentes que usan esta vía de impugnación actuando con temeridad”.
Por estos motivos, se impone a Villalobos una multa de 1.500 euros.
La licitación del contrato podrá continuar
Tras esta resolución, el Ayuntamiento destaca que la tramitación del contrato podrá seguir adelante, permitiendo que las empresas interesadas presenten sus ofertas.

Una vez analizadas las propuestas y adjudicado el contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de varios meses para adquirir la maquinaria, vehículos y demás elementos recogidos en el pliego de condiciones.
Críticas del alcalde al PSOE
Francisco Jiménez ha lamentado que “el PSOE a lo único que se haya dedicado en todo este tiempo es a entorpecer y tratar de evitar por todos los medios que los ciudadanos puedan ver resuelto uno de los problemas fundamentales de la ciudad”.
Asimismo, ha señalado que el único interés que ha movido a Villalobos “sea puramente electoralista y en su propio beneficio”.
El primer edil ha recordado que el PSOE contó con ocho años de mayoría absoluta para poner en marcha este contrato en las condiciones que considerara oportunas, indicando que “para eso había que ponerse a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer los políticos, resolver los problemas de los ciudadanos”.
