
Villalobos denunció que el nuevo contrato eleva el coste anual del servicio desde los 4,5 millones actuales hasta 7,3 millones de euros, lo que supondría un desembolso de casi 73 millones durante los diez años previstos de vigencia.
“El planteamiento es muy claro: ¿quién va a pagar esta fiesta?”, cuestionó el portavoz, advirtiendo de que ese incremento de tres millones al año solo puede sufragarse mediante una subida de impuestos o recortes en áreas esenciales como educación, sanidad, deporte o mantenimiento urbano.
Según Villalobos, el Gobierno municipal “evita dar explicaciones” porque su intención sería “trasladar lo público a manos privadas”. Recordó además que, pese a que el servicio actual “nunca ha estado peor”, el Ayuntamiento ya gasta un millón de euros más que hace dos o tres años y aplicó una subida del 30 % en la tasa de basura al inicio del mandato.
Responsabilidades al Gobierno Municipal

Villalobos también criticó el cambio de modelo propuesto, recordando que el propio Jiménez votó a favor de la municipalización del servicio en marzo de 2023, pocos meses antes de las elecciones. “Tras los comicios se olvidó de lo público y se plegó a los intereses privados”, señaló, acusando al alcalde de un “cambio de chaqueta” sin justificación.
Durante su comparecencia, el líder socialista insinuó además la existencia de “sombras” en la gestión actual, mencionando pagos millonarios presuntamente realizados con informes en contra de Intervención por valor de más de tres millones de euros. Según afirmó, esos pagos incluirían “gastos con tarjetas de crédito, servicios a otros ayuntamientos, detectives privados, cestas de Navidad o neumáticos de vehículos inexistentes”, e incluso “viajes y comidas en restaurantes de lujo de concejales del Gobierno sufragados por posibles licitadores”.

Por último, el PSOE de Utrera ha anunciado que votará en contra de esta propuesta por considerarla un perjuicio para los vecinos y una cesión de lo público a intereses privados. Los socialistas apuestan por un modelo de gestión pública directa, similar al que aplican ciudades como Sevilla, Dos Hermanas o Alcalá, que —defienden— garantiza “un servicio eficiente, transparente y al menor coste posible”.
