La pasada semana, el Tribunal de Cuentas dictó un acta de liquidación provisional sobre la compra por parte del anterior alcalde, José María Villalobos (PSOE), del inmueble de los cines en el centro comercial Los Molinos.
“Operación más que dudosa puesto que en dos meses se generaron plusvalías por valor de 230.000 euros, asunto por el que fue investigado el entonces alcalde”, han explicado los populares que han denunciado que el Tribunal de Cuentas haya “obviado” estas.
La compra de las salas de cine fue denunciada en 2020 por los partidos locales Juntos x Utrera y Ciudadanos y, tuvo un recorrido judicial “tan largo y lento que provocó la prescripción de algunos delitos como el de prevaricación, a lo que se unió la incoherencia del Ministerio Fiscal, que inicialmente acusaba al exalcalde del delito de malversación pero en el momento final –con cambio físico de fiscal- solicitó el archivo de la causa con el argumento de que la cantidad potencialmente defraudada era menor de 250.000 euros”, expone el PP.
Para los populares, en todo este proceso, “la agilidad del Tribunal de Cuentas ha brillado por su ausencia tardando cinco años en emitir su opinión una vez finalizado el procedimiento judicial”.
“Además, añade el PP, nos sorprende que ni tan siquiera hayan prestado el cuidado necesario en la descripción temporal de los hechos, como se reseña a continuación: No señala la fecha en la que se le solicita el informe (año 2020); El Tribunal en 2022 (tarda 2 años) solicita información al Ayuntamiento de Utrera; No consta la fecha en la que responde el Ayuntamiento; Un año antes, en 2021, el Tribunal de Cuentas acordó que las actuaciones pasaran al Ministerio Fiscal para que hicieran una alegaciones, que se tarda un año más en solicitar”.
Los populares exponen que “en las consideraciones técnicas sobre el asunto, el Tribunal de Cuentas se extiende en discutir sobre la valoración del inmueble entre el valor hipotecario (2,1 millones de euros) y el valor de mercado (456.936 euros)”.
Esta cuestión ya la dejó clara la Interventora Municipal en su declaración judicial, asegurando que “ante varios escenarios o posibilidades de elección, se elegirá la que de menor valor de valoración”. Por ello, nos sorprende sobremanera que se zanje esta cuestión diciendo que “el informe del técnico municipal, si bien es preceptivo, no es vinculante, por tanto no se ha producido una infracción de la normativa vigente”.
“Por último y, no menos significativo, no se discute nada sobre el pago de las comisiones que se produjeron en la compra-venta de los cines y, tampoco se dice nada, sobre las plusvalías generadas en tan sólo dos meses y que ascendieron a la cantidad de 230.000 euros”, explican los populares.
Para el PP, “desde la rebaja del delito de malversación de caudales públicos por debajo de 250.000 euros, ley aprobada por el PSOE y sus socios separatistas, la ciudadanía asiste perpleja a una catarata de decisiones de lo más escandalosas en todo lo que atañe al perdón de cargos socialistas condenados o acusados de delitos económicos”.
“Por lo visto, como según los socialistas “el dinero público no es de nadie”, así lo sentenció la Ministra Carmen Calvo, habrá que pensar que cualquiera lo suficientemente habilidoso y bien informado, puede quedárselo sin ningún riesgo judicial”, finalizan los populares.
