Más de 450 utreranos llevan esperando más de un año que la Junta de Andalucía les conceda el Salario Social, una prestación económica de 6 meses de duración, dirigida a aquellas personas o familias más desfavorecidas, que no tienen ningún tipo de ingreso o es insuficiente para atender las necesidades más básicas de la vida, siendo uno de los recursos más demandados en los Servicios Sociales. Por Decreto las solicitudes para acceder al Salario Social deberán resolverse en el plazo máximo de tres meses, aunque vista la necesidad de estas personas se aprobó, posteriormente, otro decreto en el que acortaba el plazo para resolver los expedientes a dos meses. La realidad es que los expedientes de Salario Social no se valoran desde el mes de enero de 2014, por lo tanto ha transcurrido un año completo sin que esas personas y familias hayan recibido esta prestación.
Por ese motivo el grupo municipal del PP solicitó en el Pleno Ordinario, del pasado 15 de enero, que “se inste a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, a la adopción de las medidas oportunas para que la tramitación y resolución de las solicitudes del Salario Social se ajuste a los plazos que marca la normativa y a que proceda a la resolución inmediata de las más de 450 solicitudes de Salario Social presentadas en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Utrera, y reintegro de la prestación a los utreranos a quienes corresponda”. La moción salió adelante con el voto favorable de todos los grupos políticos.
La delegada municipal de Servicios Sociales, Eva Carrascón, reclamaba en el Pleno “la necesidad de que exista un compromiso político claro, por parte del PSOE e IU, que se traduzca en una ejecución real de las políticas sociales y que en muchos casos son solo papel mojado, ya que de los 90 millones de euros presupuestados por la Junta para el Salario Social, no se ha ejecutado ni un solo euro”.
Carrascón ha afirmado que “desde el año 2008 las solicitudes de Salario Social se han triplicado y sin embargo, el Gobierno Bipartito de la Junta de Andalucía no solo ha incrementado los plazos de espera, pasando de 6 meses de media a 1 año, sino que el porcentaje de solicitudes rechazadas ha pasado de un 20% a un 40%, además de haber congelado la cuantía presupuestada para este asunto en el Presupuesto de 2015, a pesar del constante incremento de solicitudes”.
