Don Pablo, La Pacheca, El Saltillo, El Recuero, La Juncosa, El Vicario, La Romana, Doña Jacinta, El Comodoro, Los Adrianes, La Jordana, La Cañada o el Camino de Casablanca son los nombres de algunas de las casi 70 parcelaciones rurales que existen en Utrera, urbanizaciones sin regular, algunas con más de 40 años de antigüedad.
Cientos de utreranos, cada vez más tras la pandemia, viven todo el año en estas parcelaciones rurales que siguen sin estar regularizadas y que necesitan unos servicios públicos y básicos como agua, alumbrado o asfaltado, entre otros.
Con la aprobación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) se abren posibilidades reales para las urbanizaciones rurales de Utrera.
Por ello, Sanguino Abogados, en colaboración con el Ayuntamiento utrerano que que ofreció el Salón de Actos de la Casa de Cultura, analizó dichas posibilidades de regularización de estas urbanizaciones que pueden ser de dos tipos: suelo urbano no consolidado y suelo rústico.
El equipo urbanístico de Sanguino Abogados ha sido el primero en redactar e incoar la tramitación de Planes Especiales de Adecuación Ambiental y Territorial de Agrupaciones de Edificaciones Irregulares recogidos en el Decreto 3/2019 y cuya regulación ha sido traspuesta a la LISTA.
En la actualidad, dicho departamento se encuentra tramitando más de diez planes en distintos municipios, destacando Sanlúcar La Mayor y Carmona.
Sin duda, uno de los documentos de mayor importancia para la aprobación de estos Planes Especiales es el informe de Evaluación Ambiental Estratégica, que, en estos casos, es simplificada.
Estos Planes Especiales tienen que seguir una serie de criterios como la delimitación del ámbito de edificaciones para que se dote de los suministros básicos pero no servirán para reclasificar el suelo que seguirá siendo rústico o no consolidado.
Con estos planes se persigue una doble finalidad: de un lado, regularizar las edificaciones que existen y que van a seguir existiendo; y de otro lado preservar ambiental y paisajísticamente el suelo y el territorio en el que se encuentran. Y el modo en que debe llevarse a cabo dicha protección es lo que se recoge, precisamente, en el informe de Evaluación Ambiental Estratégica.
Por tanto, un paso que nos acerca a obtener la aprobación del primer Plan Especial de Adecuación Ambiental que supondrá solucionar uno de los problemas más graves del suelo rústico en Andalucía: el que las viviendas que están en este tipo de suelo desde hace muchísimos años, tengan por fin acceso a los suministros básicos necesarios para poder vivir en condiciones mínimas de salubridad, respetando al mismo tiempo el medio ambiente del enclave en el que están situadas.
¿Quién puede incoar un procedimiento de Plan Especial? Es otra de las preguntas que el equipo de Sanguino Abogados respondió al numeroso público que asistió a esta jornada.
«Podrá iniciarlo un Ayuntamiento o, bien, las propias urbanizaciones. No comunidades de propietarios, en las que suelen estar constituidas, sino los propietarios que representen más del 50 % de las edificaciones», explicó Vanessa Villegas, responsable Dpto. Derecho Administrativo, Urbanismo y Medioambiente de Sanguino Abogados.
El procedimiento administrativo se inicia cuando el Plan Especial ya redactado se presenta en el Ayuntamiento de la localidad «que lo hace suyo, y lo aprueba inicialmente en un pleno y se inicia su tramitación con la Junta de Andalucía. Ya pasaría a la Consejería de Medio Ambiente que emitiría el informe favorable o desfavorable», aclaró José Luis Alegría, geógrafo y urbanista.
José Luis Alegría añadió que en el caso que el informe fuese desfavorable se abriría un plazo para subsanar los documentos y ya pasaría al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.
En tiempo, Alegría precisó que este procedimiento «desde su redacción hasta su aprobación definitiva puede transcurrir algo más de un año».
Una vez aprobado definitivamente la urbanización se constituye en Entidad Urbanística de Adecuación Ambiental.
Y es ahí cuando se hace el reparto de cargas, que va en función de la superficie construida.
Esta es una «solución excepcional» y «genera el derecho a comenzar la obra. Las compañías suministradoras no podrán exigir más allá de los requisitos indispensables para que los suministros lleguen a la urbanización», expresó Vanessa Villegas.
En esta jornada, también, participó el delegado municipal de Urbanismo, Manuel Romero, y fue un rotundo éxito, con gran afluencia de público.
